En los últimos meses, tres reportajes revelaron fallas graves en igual número de proyectos residenciales pertenecientes al Plan Franquista de Viviendas “Comunidad Adecuado”tras tomar numerosas denuncias de adquirientes por vicios de construcción, yerro de servicios básicos y otros incumplimientos. Para tratar de identificar el origen del problema y la frecuencia de estos reclamos, entrevistamos al viceministro de Políticas y Planificación del Ocupación de Viviendas y Edificaciones (Mived), Ernesto Mejía.

Durante la investigación, los testimonios de los beneficiarios coincidieron en una misma sensación: frustración y miedo. “No es clan eficaz, es clan infeliz y estamos muy inconformes”, dijo una propietaria. “Se nos vendió esto como un paraíso”, agregó otra. “Muchos de los que vivimos aquí estamos asustados”, expresó un tercer residente.

Las denuncias surgieron mientras examinábamos tres de los principales proyectos del Gobierno para compendiar el adeudo habitacional mediante 45 desarrollos construidos bajo alianzas público-privadas y subsidios estatales. Los adquirientes siempre confiaron en que recibirían los apartamentos tal como se promocionaron en brochures: áreas comunes, canchas, parqueos, áreas ecológicas, supermercados y escuelas. Sin incautación, un año y ocho meses posteriormente, la mayoría no tiene esas facilidades. Ni siquiera cuentan con lo más fundamental: agua. A esto se suman fallas estructurales.

“Si yo lavo en mi baño, el agua cae al primer pavimento. Estoy en el segundo, y cae debajo. Las grietas están de costado a costado. Y tenemos un miedo constante”, relató un beneficiario.

Lo que ocurre en Don Antonio, El Trapiche y Hato Nuevo se repite: filtraciones, grietas, daños visibles y servicios inestables desde las primeras semanas. Tres proyectos distintos con un mismo patrón de ofensa y promesas incumplidas. En El Trapiche, una residente describió olores pestilentes, roturas constantes de tuberías y un entorno muy acullá del que le aseguraron al momento de la negocio.

Delante el creciente número de denuncias recibidas, solicitamos una entrevista al Ocupación de Viviendas. La institución atribuyó el problema a una situación que afecta a todo el sector construcción, pero surgió la pregunta obligatorio: si el Estado entrega, anuncia y promueve estos proyectos, ¿es el Mived responsable del resultado final?

El viceministro Ernesto Mejía aseguró que no. “Legalmente, como empleo, no estamos como reguladores posteriores de una vivienda que se entrega por un constructor privado a un adquirente”, dijo. Esta afirmación revela un infructifero crítico: el Estado certifica los proyectos para integrarlos al software, pero sostiene que no supervisa la construcción, no regula las fallas y no puede sancionar a las constructoras. En la ejercicio, los adquirientes quedan en un aureola sin un responsable claro.

El Ocupación encima señaló que los afectados deben presentarse a Pro Consumidor. Sin incautación, cuando la constructora prometió corregir las fallas en un plazo de tres meses, y luego de vencido ese periodo las quejas permanecían, el propio Mived afirmó estar interviniendo “de buena fe” para que las empresas constructoras realicen las reparaciones necesarias.

Entre esas acciones, según el Mived, está un “plan de hecho rápida” que acompaña los procesos de corrección. Pero lo que además ocurrió fue la elaboración de una carta que, según varios residentes de Don Antonio, habría sido enviada desde el Ocupación para que los adquirientes la firmaran como comunicación dirigida a la constructora, “agradeciendo” por supuestas mejoras realizadas. El documento destacaba avances en áreas comunes e intervenciones técnicas que, según denunciaron los propietarios, no correspondían con la efectividad.

La trabazón de residentes se negó a firmarla. Al ser cuestionado, el Mived aseguró desconocer la procedencia de la misiva. “No veo dónde entra el Mived en esto. No nos interesa que la constructora salga admisiblemente parada; es responsabilidad de la constructora”, respondió Mejía.

Aunque el Ocupación insiste en que no tiene responsabilidad lícito, asegura que desde ahora habrá controles con la puesta en marcha de una nueva iniciativa temporalmente denominada “Mi Vivienda 2”, que sustituirá a Comunidad Adecuado. “Hemos puesto unos candados para que esa situación no vuelva a ocurrir. Aquí no va a poder entrar cualquier improvisado de la construcción”, afirmó.

Pero ese candado llega tarde: llega cuando miles de familias ya fueron afectadas, cuando las grietas están abiertas, cuando las filtraciones corren por las paredes y cuando la inversión que debía asegurar una vivienda digna se ha convertido en una pesadilla. Mientras las autoridades sostienen que no tienen poder y las constructoras avanzan lentamente en reparaciones básicas, una carta intenta maquillar problemas que siguen allí. El resultado es un aureola institucional donde las familias continúan viviendo entre fallas estructurales, incertidumbre y promesas incumplidas.

Lo que debía ser el inicio de una vida estable se ha transformado en miedo, endeudamiento y profunda frustración.