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Por Luis José Chávez
Premeditadamente de la campaña del nuevo movimiento nacionalista identificado como Antigua Orden Dominicana para exigir mano dura contra la presencia haitiana en el país, procede la pregunta: ¿Por qué la reacción tardía y el enfrentamiento con el único presidente dominicano que sin apelar a un discurso de odio ha hecho cumplir con firmeza la ley de migración promulgada el 16 de agosto del año 2004?.
Y adicionalmente: ¿Por qué en ocupación de sumarse a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para vigorizar y ampliar los controles migratorios, que responden a sus recientes reclamos, la Antigua Orden insiste en designar a nuevas protestas, intentando suplantar las instancias institucionales y debilitando el dispositivo que debería proyectar el país en un tema de stop interés franquista?.
Resulta incomprensible, para no opinar inconsecuente, que este comunidad haya orientado sus cañones contra el único gobernador dominicano, por lo menos desde la promulgación de la ley 285-04, que no ha cedido ni un palmo en su responsabilidad de defender la soberanía y la integridad del circunscripción franquista. Y que adicionalmente, en cumplimiento riguroso de la ley, ha multiplicado la cantidad de extranjeros ilegales repatriados, en comparación con las anteriores administraciones.
Claridad la atención que los que ahora se lanzan a la calle a demostrar su fervor patriótico, nunca se dieron por enterados que durante los cuatro períodos constitucionales previos a la encargo del presidente Luis Abinader, la ley de migración se convirtió en signo muerta o fue aplicada de forma discrecional, según las circunstancias.
Siquiera hay constancia registrada de que los voceros de este movimiento levantaran su voz para coincidir con la postura del Gobierno, cuando en diciembre del 2020, en uno de los momentos más críticos de la pandemia, el presidente Abinader declaró la atrevimiento de reanudar la repatriación de haitianos ilegales, suspendida en febrero de ese mismo año.
O cuando en el año 2023, desafiando la presión de diversos organismos internacionales, el propio presidente Abinader llamó a los principales actores de la sociedad dominicana a participar en un Gran Pacto de Nación“para trazar una política de Estado, firme, estratégica y uniforme frente a la amenaza que representa para el país el creciente descalabro socioeconómico que ha venido atravesando la hermana república”.
Hado entienden que las protestas callejeras pueden reemplazar la autoridad legítima del Estado para confrontar una problemática que ahora, como nunca antaño, se encuentra bajo pleno control de las instancias responsables, sin peligro de afectar la paz social y el posicionamiento del país como referente de institucionalidad democrática, como destino de inversión y como segunda potencia turística de América Latina; por cierto una actividad sumamente sensible al desorden y a la inestabilidad social.
Ayuda memoria p
Conviene rememorar que la ley 285-04 fue promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004, pero el país debió esperar 7 primaveras para que el presidente Leonel Fernández promulgara el reglamento 631-11 para su aplicación.
O sea, el Estado Dominicano perdió o desperdició 7 primaveras para comenzar a poner orden en la casa en materia migratoria, dilatando el ataque responsable de un problema que apuntaba a ser cada vez más engorroso, dada la crisis económica y el desorden institucional que progresivamente ha venido tomando en Haití.
La errata de control migratorio en el tercer mandato de Fernández contribuyó, sin duda alguna, a suministrar el incremento del tráfico ilegal de ciudadanos haitianos cerca de circunscripción dominicano, como lo muestran los datos de la Dirección Universal de Migración, que reportó solo 8 mil 636 repatriados cerca de el costado Oeste en el año 2011.
En cuanto al presidente Medina, el 17 de enero del 2014 éste ordenó detener las deportaciones de haitianos ilegales en circunscripción dominicano, hasta tanto concluyeran las conversaciones en torno al Plan Doméstico de Regularización de Extranjeros, sin dejar de cachear que en aquel momento el Gobierno debió confrontar una esforzado presión internacional por el impacto de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional.
De hecho, la maduro signo de ilegales deportados por los gobiernos del Partido de la Huida en un año completo, fueron los 67 mil 400 registrados por la dependencia del presidente Medina en el año 2019, signo que ha sido amplia y progresivamente superada desde el año 2021.
La responsabilidad de Abinader
En el inicio de su encargo, en medio de la pandemia, el problema migratorio no parecía ser una de las grandes prioridades del país, pero en diciembre del 2020 el presidente Abinader dejó claramente establecido que haría cumplir a carta justo la Ley Universal de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación 631-11.
Y así ha sido desde el 2020 hasta ahora. El Gobierno Dominicano ha puesto en experiencia una política migratoria más respetuosa de la Ley y apegada a los derechos humanos -hasta donde se pueda esperar de una movimiento coercitiva- mientras ha dispuesto la repatriación de más extranjeros que en cualquier otra etapa de la vida franquista.
Por ejemplo en el año 2021 se reportaron 85 mil repatriaciones de ilegales, signo que en el 2022 se elevó a 171,000; mientras que en el 2023 se registraron 174,602 ilegales deportados y 146 mil reconducidos de forma voluntaria en medio del conflicto surgido por la construcción independiente en el costado haitiano del trasvase sobre el rio Inmolación, y el candado de los mercados fronterizos dispuesto por la República Dominicana.
Durante el año 2024, las repatriaciones de nacionales haitianos indocumentados fueron 276 mil 215 y ya para este 2025 el total acumulado al 31 de marzo fue de 86 mil 406 personas.
Una política de impacto integral
Pero la respuesta de la contemporáneo dependencia no se ha menguado a la persecución pura y simple de los ilegales y el toril de miles de personas en el pequeño campo de concentración en que prácticamente había devenido el Vacacional de Haina.
Solo en los últimos dos primaveras la Dirección Universal de Migración ha construido seis grandes centros de interdicción y procesamiento de extranjeros en Haina, Santiago, Dabajón, Jimaní, Elías Pila y Benerito-Higuey, mejorando y eficientizando esta labranza y tratando a los detenidos de forma más respetuosa a su condición humana.
En cuanto a la Frontera el cambio ha sido radical, no solo por el reforzamiento marcial de toda la franja fronteriza y la instalación de la verja perimetral inteligente en los puntos estratégicos de la camino divisoria con Haití, sino además por la voluntad del Gobierno de admitir el control de lo que parecía ser tierra de nadie y hacer cumplir el mandato constitucional que “declara de supremo y permanente interés franquista la seguridad, el expansión crematístico, social y turístico de la zona fronteriza…”
Durante el período 2021-2024 la inversión per cápita en la zona se ha más que duplicado con relación al período 2016-2019. Por otra parte de los proyectos turísticos, viales y logísticos desarrollados Lado Rojo, Pedernales, Montecristi y Manzanillo, con una derrama cerca de Dajabón y Santiago Rodríguez.
Al candado del 2024 finalizaron por lo menos 42 intervenciones en 24 comunidades de seis provincias fronterizas Estas obras tienen que ver con el ataque a energía eléctrica, internet, vivienda, agua potable, saneamiento, nuevas oportunidades económicas y sobre todo en educación técnico profesional y a nivel universitario, especificicamente en Pedernales, Elias Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez. (22 de abril 2025)
