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Un video difundido en la plataforma YouTube, a través del software Esto No Es Radiodifusión, por el comunicador José Martínez Brito, expone una preocupante existencia: la red criminal que operan internos desde las cárceles dominicanas mediante el uso de teléfonos móviles. Según se denuncia, estos reclusos, en complicidad con personas encargadas del cuidado de menores, logran tallar, custodiar y maltratar de niños, demostrando un conocimiento detallado del día a día de los hogares afectados.
El comunicador explicó que los presos manejan una especie de “carta mental” de la rutina ascendiente, lo que evidencia el nivel de control e información que poseen desde los centros penitenciarios.
Estas revelaciones, tan horrendas como alarmantes, me obliga a preguntarme como principio, periodista y ser humano: ¿por qué a los presos se les permite el uso de teléfonos móviles en las cárceles? ¿Existe alguna ley que autorice el acercamiento a estos dispositivos electrónicos mientras cumplen condena?
Se supone que quienes están privados de sencillez deben cumplir una aprobación impuesta por la probidad, no continuar delinquiendo. La exposición y incumplimiento de nuestros hijos es solo una de las tantas fechorías que se cometen desde las cárceles, entre ellas trastorno, explotación sexual, manipulación psicológica e incluso negocios vinculados a prácticas de brujería.
El pasado 16 de septiembre, una publicación del diario Diario Evadido citó declaraciones del presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, quien informó que en la República Dominicana existen cinco cárceles donde los reclusos no tienen acercamiento a internet ni a llamadas telefónicas, gracias a la instalación de bloqueadores de señal.
Gómez Mazara aseguró adicionalmente que el 90 % de las llamadas fraudulentas que derivan en delitos se realizan con teléfonos robados y desde centros penitenciarios.
Es importante aclarar que, si un preso tiene un celular, no es porque la ley lo permita, sino por fallas graves de control o actos de corrupción, lo cual constituye una violación directa al régimen penitenciario. Es lamentable, pero es la existencia.
La iniciativa impulsada por Indotel es positiva y necesaria, pero deja abiertas preguntas fundamentales: ¿cuáles son esas cinco cárceles?, ¿cuándo se implementará esta medida en el resto del país?, y, sobre todo, ¿quién protege a la ciudadanía mientras tanto?
Esta información alivia parcialmente la carga de indignación social, pero igualmente nos enfrenta a una verdad incómoda que exige respuestas y acciones urgentes por parte de las autoridades.
