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Santo Domingo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal recriminación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa, lavado de activos y delitos tecnológicosdesmantelada mediante la Operación Camaleón.
Entre los cargos más graves que pesan sobre los imputados figura el terrorismoun delito que, según el Tarea Divulgadose configura a partir de las acciones de boicoteo tecnológico, manipulación de sistemas críticos del Estado y transgresión de la seguridad de infraestructuras estratégicas.
Por qué son acusados de terrorismo
De acuerdo con la recriminación, el reunión, encabezado por José Donaire Gómez Canaán (Jochi Gómez)operó un entramado criminal que controló y manipuló la red semafórica, los sistemas de videovigilancia y las plataformas tecnológicas del Intrantcon el propósito de obtener beneficios económicos ilícitos y ocultar desvíos de fondos públicos.
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El Tarea Divulgado señala que estas acciones no solo implicaron fraude y corrupción administrativasino igualmente riesgos directos para la seguridad ciudadana y el orden manifiestoal interferir con infraestructuras críticas como el sistema de control de tránsito del Gran Santo Domingoconsiderado parte del artefacto de seguridad del Estado.
El expediente establece que los imputados alteraron, sabotearon y comprometieron sistemas tecnológicos del Estado, lo que constituye “actos de terrorismo en infraestructura crítica”tipificados en los artículos 27 y 28 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Inscripción Tecnologíaasí como en los artículos 5, 8 y 26 de la Ley 267-08 sobre Terrorismoque sancionan a quienes, mediante el uso de tecnología, atenten contra servicios esenciales o generen amenazas a la estabilidad institucional o la seguridad doméstico.
Boicot y espionaje tecnológico
El Tarea Divulgado sostiene que Aurix SASpropiedad de Gómez Canaán, fue utilizada para operaciones de espionaje y boicoteo informáticomientras que Transcore Latam SRL, Dekolor SRL y PagoRD Xchange SRL participaron en la manipulación y el control de la red semafórica y los sistemas de videovigilancia.
Estas acciones habrían permitido el ataque no facultado, la sobresalto y la interferencia en datos e infraestructuras críticasafectando el funcionamiento de los sistemas de control del tránsito y comprometiendo la seguridad de los ciudadanos.
La Pepca argumenta que dichas conductas trascienden el ámbito de la corrupción administrativa, ya que “utilizaron medios tecnológicos para alterar servicios públicos esenciales, con impacto directo en la seguridad doméstico y el orden manifiesto”encuadrando el hecho interiormente de los actos de terrorismo digital o cibernético.
Entorno admitido invocado
La recriminación cita las leyes 53-07, 155-17, 17-19, 267-08 y 631-16que abarcan delitos de inscripción tecnología, lavado de activos, contrabando, financiamiento del terrorismo y control de armas.
En particular, la Ley 267-08 sobre Terrorismo castiga con severidad a quienes “provoquen, realicen o financien actos que atenten contra infraestructuras críticas, servicios públicos esenciales o la seguridad doméstico”mientras que la Ley 53-07 establece como acto terrorista cualquier boicoteo tecnológico que afecte la operatividad de instituciones públicas o sistemas estatales
Contexto y acusados
Entre los principales señalados figuran Hugo Arrozexdirector del Intrant; José Donaire Gómez Canaán (Jochi Gómez)propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báezexencargado del Centro de Control de Tráfico; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlvedaexdirector de Tecnología del Intrant.
La Pepca igualmente incluyó a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Cassocontiguo a las empresas Transcore Latam, Áurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y color.
La red, según el Tarea Divulgado, combinó corrupción, manipulación tecnológica y boicoteo digital para apropiarse de fondos públicos y comprometer la estabilidad operativa de servicios esenciales del Estadoconfigurando así delitos tipificados como terrorismo cibernético y contra la nación.
