Por Luis Córdova-Alarcón

Oficialmente Ecuador está en aniquilamiento. Así lo decidió el gobierno de Daniel Noboa el 9 de enero de 2024. Ese día, tras una ola de actos de violencia criminal en varias provincias, el presidente de la República emitió el Decreto Ejecutante 111, reconoció la existencia de un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos delincuenciales como organizaciones terroristas.

La militarización de la seguridad interna se justificó como respuesta a la importante ola de violencia que convirtió al 2023 en el año más violento de la historia del país, con 8008 homicidios y una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes. Sin requisa, más de un año a posteriori, el panorama sigue empeorando: solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 2361 muertes violentas, marcando un nuevo récord. Si la tendencia continúa, este año podría exceder los niveles de violencia de 2023. Allí de contenerla, la política de militarización ha intensificado la violencia.

La existencia ecuatoriana ha sido sobre diagnosticada desde los estudios de seguridad, repitiendo tres ideas centrales: la pérdida de control territorial del Estado, su incapacidad para frenar las economías ilícitas y la indigencia de engrosar su capacidad operativa. Sin requisa, estas explicaciones ofrecen una visión estrecha de la complejidad de la situación en el país.

Siguiendo las conclusión del clásico anglosajón Bob Jessop, en vez de centrarme en las dimensiones formales del Estado (representación, articulación institucional y capacidad de intervención) haré un breve estudio de sus dimensiones sustanciales: pulvínulo social del Estado, esquema de Estado y visión hegemónica.

El primer ejecutor multiplicador de la violencia y la criminalidad es la fractura de los compromisos sociales institucionalizados en el Estado. Un documento revelador es la abandono escolar. En Ecuador hay más de 450.000 niños y adolescentes, de entre tres y 17 abriles, que no asisten a una de las 16.000 escuelas y colegios que hay en el país. ¿Cuántos de estos niños y adolescentes han sido reclutados por las pandillas callejeras y están dinamizando la violencia y el crimen? La época de reemplazo criminal bordea los 13 abriles y solo en el 2024 las desapariciones de menores de época se incrementaron en un 88 por ciento.

Mientras el gobierno y los generales que le asesoran buscan comprar más balas para su aniquilamiento, solo en la región Costa y Galápagos, en donde está por iniciarse un nuevo ciclo escolar, el 80% de los establecimientos educativos fiscales requiere reparaciones urgentes (7520 escuelas y colegios). A esto hay que sumar las epidemias que han reaparecido por desatiendo de campañas de prevención en los últimos abriles, el incremento de la tasa de desempleo, el aumento de la pobreza y la encogimiento económica producto del mal manejo de la crisis energética.

La reproducción social de la violencia criminal no es un aberración sencillo. Al contrario, es el resultado de una pérdida sistemática de pulvínulo social por parte del Estado.

Y no es una cuestión meramente material; la dimensión simbólica tiene un peso específico. Sin mecanismos de mejora social ni políticas de inclusión y gratitud las expectativas de futuro individual se estancan, y la población más muchacha migra al extranjero o exploración otros horizontes al beneficio de la licitud.

Al mirar desde este ángulo se observa que el Estado no ha perdido control territorial. Lo que ha perdido es pulvínulo social, sobre todo, en las zonas más pobres del país. Por eso, militarizarlas tiene un objeto definido y en el mediano plazo se vuelve contraproducente.

Sin un gobierno que asuma seriamente los compromisos sociales institucionalizados, las organizaciones criminales seguirán ganando adhesión y reconfigurando al Estado como un “orden crimilegal” a su servicio.

El segundo ejecutor multiplicador de la violencia y la criminalidad tiene que ver con una crisis de licitud del Estado, delante la abandono de un esquema político que asegure la pelotón operativa del Estado y su capacidad para desempeñarse. Lo que Jessop denomina: un esquema de Estado.

Desde el estallido de la violencia criminal, en enero del 2018, los gobiernos de Lenin Quemado, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han optado por un maniquí de “Estado pequeño”. Los acuerdos draconianos con el FMI, y la política de premios y castigos que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos para alinear al país a su memorándum hemisférica, han acelerado esta reconfiguración.

En ese maniquí de “Estado pequeño” las fuerzas militares y policiales se convierten en el principal articulación oficinesco del Estado. La constante declaratoria de Estados de Excepción (más de 40, desde el 2018) para restringir derechos civiles y militarizar el orden divulgado lo confirma.

En empleo de impulsar políticas de empleo digno, los gobiernos de Lasso y Noboa han optado por alistar miles de jóvenes para integrarlos a las fuerzas policiales o militares. Lasso prometió aumentar significativamente el número de policías, pero solo logró un incremento de 12.000 antaño de dejar el cargo. Con Noboa y la declaratoria de conflicto armado interno, los militares han asumido un rol predominante, y en 2024 se anunció que el servicio marcial se cuadruplicaría para 2025.

La militarización es consustancial con el esquema de Estado pequeño que promulga el gobierno doméstico. Una organización marcial fallida ha reemplazado el diseño de una política criminal sensata. Por eso, cuando el gobierno detecta problemas de criminalidad persistente en el sector divulgado la única repuesta es marcial.

El ejemplo más desenvuelto es la nuevo militarización del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, y del Hospital Carlos Andrade Marín, en Exento. Frente a las constantes amenazas, asesinatos y secuestros contra los funcionarios que obstaculizan los negociados en las compras públicas de entreambos hospitales, la respuesta del gobierno fue intervenirlos militarmente.

En este contexto, Daniel Noboa solo esgrime martillos, incluso interiormente de una cristalería.

Finalmente, el tercer ejecutor que agrava la violencia en Ecuador es la visión hegemónica del pedrusco de poder que gobierna, basada en una fe ciega en la desregulación de los mercados. Esta dialéctica de Estado pequeño ha convertido al país en un paraíso para las economías ilícitas, facilitando la expansión del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de armas y personas.

En Ecuador se ha consolidado un régimen oligárquico. Como lo explica el politólogo Jeffrey A. Winters, la oligarquía se refiere a la política de defensa de la riqueza por parte de actores que poseen los medios materiales para ello. Generalmente, los oligarcas financian ejércitos de abogados y políticos para que hagan el trabajo desaseado y protejan sus intereses. Pero cuando la crisis de licitud del Estado socava incluso el beneficio de licitud, intervienen directamente en la política para defender su riqueza y multiplicarla.

El ingreso a la política de Guillermo Lasso y Daniel Noboa no es casualidad. El primero, dueño del tercer bandada más excelso del país y inicio de uno de los cinco grupos económicos más acaudalados. El segundo, heredero del orden agroexportador más importante del Ecuador. Para ellos, la desregulación de los mercados es la piedra angular de su entusiasmo de gobierno. Con esa visión incluso comulgan los oligarcas que dirigen el narcotráfico desde Europa, Asia o Norteamérica.

Para muestra un interruptor. Con sus decisiones de gobierno, Lasso y Noboa han facilitado la expansión del tráfico de armas en Ecuador. El uno flexibilizando los permisos para tenencia y porte de armas de fuego. El otro eliminando los aranceles para su importación. Hoy, 8 de cada 10 homicidios se ejecutan con armas de fuego. Y la vía predilecta de los contrabandistas es enviarlas a través de mensajero desde Miami.

Ahora Usted, estimado catedrático, comprenderá mejor porqué el Ecuador es un país anegado en linaje.

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Director del software de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador e investigador principal del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos.