
República Dominicana. Las cifras son alarmantes y los testimonios desgarradores. En los últimos cinco primaveras, en el país se han registrado 341,896 casos de violencia, sin que ello haya generado una respuesta efectiva por parte de las autoridades. La mayoría de las víctimas siguen esperando protección, mientras sus agresores caminan libres, muchas veces al banda mismo de sus casas.
Santo Domingo Este encabeza las estadísticas de violencia de apartado, intrafamiliar y delitos sexuales, según datos del Tarea Conocido. Pero más allá de los números, son las historias de mujeres como Amarilis Bueno, en Dajabón, o la denunciante anónima de Gurabo, Santiago, las que ponen rostro a la negligencia institucional.
Amarilis, con siete cirugías a cuestas por los machetazos que le propinó su hermano, vive atemorizada: “Me dio tres machetazos y ahora lo veo caminando como si mínimo. Lo peor es que me ha dicho que va a terminar lo que empezó”. Su atacante, Ramón Antonio Bueno Caba, no solo está redimido bajo prisión domiciliaria, sino que, según ella, incumple la medida constantemente, paseándose autónomamente por la comunidad Partido. Las autoridades, pese a las advertencias, no actúan. “Ha intentado matar a más de uno de mis hermanos y siempre queda impune”, denuncia.
El patrón se repite en Santiago. Una mujer, que prefirió no revelar su identidad, afirmó deber interpuesto más de siete querellas contra su expareja, quien la ha agredido físicamente y amenazado de crimen en múltiples ocasiones. “Lo soltaron porque una sola vez no pasé al médico forense. ¿Y todas las demás veces?”, cuestionó. Su cuerpo muestra heridas recientes y hematomas visibles. Asegura que la Fiscalía tiene las pruebas, pero la protección nunca llega.
Estos testimonios evidencian una sinceridad persuasivo: en República Dominicana se denuncia, pero el Estado no actúa. No actúa la Policía Franquista, que suele minimizar los reportes. No actúa el Tarea Conocido, que deja libres a los agresores por tecnicismos. No actúa el sistema jurídico, que otorga medidas blandas, aun frente a hechos de extrema violencia.
Mientras tanto, las víctimas viven en desasosiego, sin garantías, sin protección y con una certeza dolorosa: en este país, una querella no salva una vida. Un fiambre, tal vez sí despierte al Estado.
Parte de la información contenida en este artículo fue tomada de Diario Escapado.






