
Miami (ef) .- Organizaciones civiles denunciaron que un acuerdo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos con las cárceles del condado de Miami-Dade, donde hay más de 430 migrantes detenidos, permitiría “desaparecerlos” y agravaría las condiciones que afrontan.
El condado, el más poblado de Florida, aplazó para el 26 de junio un voto programado para este lunes que permitiría al ICE remunerar 50 dólares para aprehender a un migrante por 48 horas en una prisión recinto, encima de otorgarle “entrada moderado a todos los detenidos” y “discreción” sobre qué información compartir.
“Primero, y sobre todo, es un longevo involucramiento con el ICE en un momento en el que hemos pasado al Gobierno federal de EE.UU. prosperar la violencia, desaparecer a nuestros vecinos y cooptar nuestros capital locales para avanzar en esa memorándum”expresó a EFE la abogada Alana Greer, directora del Community Justice Project.
Las estadísticas muestran un promedio diario de más de 430 migrantes detenidos bajo la autoridad del condado de Miami-Dade en la última semana, casi una décima parte del total de 4.657 recluidos por diferentes cuestiones, según las cifras del Sección de Correcciones y Rehabilitación.
Por otra parte, las asociaciones denuncian que el acuerdo, respaldado por la alcaldesa Daniella Levine Cava, permitiría al ICE asediar al condado para informar información sobre los detenidos, lo que significa que “desaparecerían del sistema”, explicó Thomas Kennedy, consejero de la Florida Immigrant Coalition (FLIC) .
“Esto básicamente sistematizaría una civilización de antitransparencia”, advirtió el analista a EFE.
El impulsor de la medida, el comisionado Roberto J. González, aseveró este lunes que Miami-Dade ha cooperado con las detenciones del ICE desde 2019 y que este convenio solo garantiza que el condado reciba un reembolso “por lo que ya hace: cumplir con la ley”.
Mientras que el caudillo de seguridad pública de la alcaldesa, James Reyes, aseguró a la prensa recinto que no habrá cambios en la forma en la que los familiares pueden apañarse a sus parientes detenidos.
Las condiciones de los migrantes bajo cómputo
El acuerdo con el ICE se debate mientras crecen las denuncias sobre las condiciones de amontonamiento de los migrantes detenidos en Florida, como en el Centro de Detención de Krome, donde más de un centenar de extranjeros encerrados formaron con sus cuerpos una señal de auxilio de ‘SOS’ visible desde el clima la semana pasada.
En ese circuito han muerto cuatro migrantes desde enero y hay una saturación del 200 %, indicó el analista de la FLIC.
Las agrupaciones ciudadanas igualmente han alertado a la prensa recinto de las condiciones del Centro de Detención Federal (FDC, en inglés) del centro de Miami, donde estiman que hay entre cerca de 350 y más de 400 migrantes detenidos en amontonamiento.
Por ello, la directora del Community Justice Project defendió la importancia de batallar por la transparencia de estos brío en “recintos que están horríficamente sobrepoblados y son extremadamente peligrosos para las personas”.
“Así que cualquier ascenso, embrollo (con ICE) y refuerzo de este sistema que está poniendo la vida de nuestros vecinos en aventura es inmoral y es poco frente a lo que vamos a batallar”, expresó Greer.
Florida insiste en detener migrantes
En tanto, el fiscal caudillo de Florida, James Uthmeier, advirtió este lunes de la posible destitución del alguacil Gregory Tony del condado de Broward, el segundo más poblado del estado, por resolver que no arrestaría a “migrantes ilegales” en su región, donde más de un tercio de los habitantes son inmigrantes.
Uthmeier enunció que las sanciones por no obedecer la ley de Florida que exige cooperar con la política migratoria federal incluyen declararlo en desacato y destituirlo, por órdenes del regidor, el republicano Ron DeSantis.
Florida, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante, ha sido líder en aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, pues DeSantis ha permitido leyes estatales que prohíben las ciudades santuario e imponen multas de hasta 5.000 dólares y suspenden a funcionarios que incumplan estas disposiciones.