El Comité de Comportamiento Ético del Poder Legislativo ha instado a todos los jueces a que, al redactar sus decisiones judiciales, sigan de forma estricta los principios y títulos establecidos en el Código de Comportamiento Ético. Esto tiene como fin certificar la ética pública, la legalidad institucional y la confianza de la ciudadanía en la filial de rectitud.

Este llamado se da en el contexto de la fresco osadía del árbitro Rigoberto Sena Ferreras, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Doméstico, quien conoció la medida de coerción en el caso del Seguro Doméstico de Sanidad (SENASA).

El comité, presidido por la jueza Nancy Salcedo e integrado por los magistrados Justiniano Montero y María Garabito Ramírez, cumple una función preventiva y pedagógica. Su objetivo es vigorizar los títulos institucionales y fomentar el respeto por la independencia procesal, sin que su papel implique sanciones directas.

Los magistrados señalaron que las decisiones judiciales deben encapricharse a los principios del Código de Comportamiento Ético del Poder Legislativo, así como a los títulos de prudencia y moderación en su desempeño.

Durante la reunión, el magistrado Sena Ferreras reiteró su compromiso con la ética, la transparencia y el respeto al conveniente proceso. Enfatizó la importancia de la prudencia y la moderación en la laboreo regional, al tiempo que resaltó el compromiso de todo el poder procesal con los más altos estándares éticos.

El Comité igualmente exhortó a todos los integrantes del Poder Legislativo a reflexionar sobre sus actuaciones, tanto públicas como privadas, y a redactar sus decisiones judiciales con un comportamiento conforme con los principios establecidos en el Código de Comportamiento Ético.

En este contexto, se recordó que ningún árbitro debe apartarse del mandato de que, al interpretar en sus funciones jurisdiccionales, lo hace en nombre de la República y bajo la autoridad de la ley y la Constitución.

Esta responsabilidad impone una carga ética y de Estado, lo que obliga a jueces, juezas y servidores judiciales a cumplir con las exigencias de la ética procesal.

Por postrero, el Comité de Comportamiento Ético tiene la responsabilidad de certificar que los jueces y servidores judiciales se adhieran a los principios éticos y títulos que rigen su representación, en concordancia con el Código Iberoamericano de Ética Legislativo.

Este documento es esencia para ordenar y orientar la gobernanza ética interiormente del sistema procesal, fundamentándose en la tarea y visión institucional.