EL AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo.

La historia constitucional de la República Dominicana tiene su punto de partida en el esquema nonato de Carta Magna que estaba escribiendo Juan Pablo Duarte, el cual se frustró cuando las fuerzas que le adversaban tomaron a partir del 1 de marzo de 1844 el control de la Acoplamiento Central Gubernativa. Escasamente horas tenía de vida la Independencia Franquista.

La primacía de Duarte en esta materia es válida, aunque sea en el plano teórico, por lo dicho antiguamente. Así lo sostengo en razón de que una exégesis permitido del contenido del Relación Constitutiva del 1 de diciembre de 1821, de José Núñez de Cáceres, no permite clasificarla como ley fundamental de un Estado. La primera Constitución que tuvo el país fue la del 6 de noviembre de 1844. Luego de ella se han hecho decenas de reformas, siendo la última la del 27 de octubre del año 2024, que es la número 40.

Ese mogollón de disposiciones sustantivas del ordenamiento permitido dominicano ha oscilado entre la existencia y el mito. Al calibrar el valía de cada modificación vale abonarse al impacto generado en cada caso. En el tramo de la historia doméstico, desde 1844 hasta hoy, ningún texto constitucional ha adquirido la condición de intangibilidad y escasos párrafos se han mantenido inalterables, con disposición de permanencia en el añagaza permitido. Es, en otros términos, lo que se conoce como cláusula pétrea.

1961

Un hecho de gran significado para el pueblo dominicano fue la proclamación de la Constitución del 29 de diciembre de 1961, mediante la cual se creó el gobierno llamado Consejo de Estado. Sus autores eran congresistas trujillistas encerrados en su contradictorio destino. El abogado y poeta sancristobalense Porfirio Herrera Velázquez, senador por el Distrito Franquista, presidió la Asamblea Revisora. Actuó como vicepresidente el abogado y político Carlos Rafael Goico Morales, diputado por la provincia de El Seibo.

El poder genuino del referido Consejo de Estado se afincaba en el artículo 116 de la mencionada ley fundamental. Era el primero de diez transitorios de la misma. Decía de modo textual, sin ninguna anfibología, lo ulterior:

“Una vez proclamadas las presentes reformas constitucionales, las atribuciones que esta Constitución confiera al Poder Constitucional, y luego al Senado, a la Cámara de Diputados, a ambas Cámaras y a la Asamblea Franquista, así como las que confiera al Poder Ejecutante, serán ejercidas por un Consejo de Estado que durará en sus funciones hasta el día 27 de febrero de 1963”.

En ese gobierno interactuaron fuerzas antagónicas entre sí, que al límite de pocos primaveras de algún modo tuvieron responsabilidad en la reverso al poder de una especie de trujillismo palidecido, dicho así por lo que ocurrió a partir de 1966.En ese caso, por lo que ocurrió con el personaje aludido, cerca de afirmar que en un quinquenio se hizo existencia en el país la famosa frase del historiador y político francés Louis A. Thier, quien al aceptar ataques despiadados de sus contrarios les decía a sus partidarios: “todo ayuda”.

La reforma constitucional del 29-12-1961 fue hecha, esencialmente, para formar un gobierno que comenzara a corregir los entuertos dejados en la sociedad dominicana por la larga tiranía decapitada el 30 de mayo de dicho año. Así se comprueba al examinar las notas que reposan en los archivos congresuales que contienen las opiniones de los congresistas participantes.

El espíritu de dicha Ley de Leyes se inclinaba a que los miembros del referido Consejo de Estado hicieran labores de reivindicaciones colectivas, al estilo de las que miles de primaveras detrás habían ocurrido, en nuestras antípodas, con las leyes mesopotámicas o las basadas en las codificaciones atenienses y romanas, cuyos fundamentos primigenios llegaron aquí envueltos en el Código de Las Siete Partidas, patrocinado en el siglo trece por el rey castellano Alfonso X.

A pesar de que no cuajaron muchas de las expectativas que la población se creó, no por eso se puede afirmar que en el país hubo una interpretación caribeña del “gatopardismo” durante el Consejo de Estado (29-12-1961- 27-2-1963).

Dicho así para vincular el primer tramo del período que siguió al tiranicidio de Trujillo con la famosa frase de Giuseppe Tomasi de Lampedusa cuando puso en boca de su personaje de ficción Tancredi: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. (El Gatopardo. Editorial Longseller, 2001).

Vale citar, como prueba de la entorchado del citado gobierno, que el 4 de enero de 1962 el Consejo de Estado, con sus funciones de Asamblea Franquista, promulgó la Ley 5785 que traspasó en cortesía del Estado dominicano todos los riqueza que tenían en el país los Trujillo y sus testaferros, para cuyo manejo institucional se hizo la Ley 5809 que sustentaba la Secretaría de Estado de Recuperación y Compañía de Riqueza.

No menos importante fue la creación del Tribunal de Confiscaciones, a través de la Ley 5924. A esa instancia jurídico ad-hoc podían personarse aquellos que fueron víctimas de despojos disfrazados de tecnicismos legales durante el régimen defenestrado; así como igualmente los que acusados de ser presta nombres fueron despojados a partir de 1962 de riqueza y que pudieran demostrar que eran suyos.

El gobierno creado con la mencionada Reforma Constitucional del 29 de diciembre de 1961 igualmente produjo un texto permitido mediante el cual fueron declarados fallecidos todos los desaparecidos durante el oprobioso régimen trujillista. Esa atrevimiento fue de gran importancia emocional, casto y económica para miles de familias.

Con la voluntad de ir apartando piedras del camino se elaboraron leyes que penetraron diversos aspectos de interés para el futuro del país, las cuales abarcaban desde lo agropecuario (leyes 5827, 5852, 5856, 6186), pasando por un sistema de reforma agraria que se afincaba en la Ley 5879, aprobación de normas y reglamentos de utilidad para el manejo de bancos estatales, etc.

Otras leyes, en su momento cardinales para ir sacando de las tinieblas al pueblo dominicano, fueron la Ley 5884, mediante la cual se estableció una nueva visión del sistema electoral doméstico, con importantes niveles de avances frente a lo que existía; así como la Ley 6132, versada en la difusión y expresión del pensamiento y el cese de la mordaza al periodismo.

Ese gobierno transitorio, al beneficio de detalles de su cotidianidad que pueden ser cuestionados, fue humanitario para la aparición de una sociedad abierta, cuyos miembros acababan de sufrir una espantosa confusión que se prolongó por tres décadas.

JPM