EL AUTOR es periodista y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

Hay tres temas de la memorándum doméstico que están sobre el candelero notorio, los cuales afectan la imagen del Gobierno. Ellos son la sentencia del Tribunal Constitucional 125-25, el nuevo discurso del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, donde admite el descuido de esa estructura política al penetrar individuos vinculados al narcotráfico y, finalmente, el permiso concedido por Luis Abinaderal secretario de Pugna de Estados Unidos, Pete Hegseth, para el uso de los Aeropuertos Internacional Las Américas (José Francisco Peña Gómez) y de San Isidro para supuestamente combatir el narcotráfico en la región.

La sentencia TC-125-25 ha sido un tema controversial, motivo de discusión en la población dominicana, porque esa entrada corte anuló los Artículos 210 de la Ley 285 (Código de Jurisprudencia de la Policía Doméstico) y el 260 de la Ley 3483 (Código de Jurisprudencia de Fuerzas Armadas), que prohíben las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo pertenecientes a esas instituciones.

La sentencia del TC aparece en un documento de 140 páginas (antipedagógico) y hace hincapié en el Art. 44 de la Constitución de la República, el cual reza de la posterior modo: “Toda persona tiene derecho a la intimidad.”

Es el único argumento del TC, porque para nulo podía apelar al Art. 39 de la ley de leyes en torno al derecho a la igualdad de los dominicanos, donde establece que no se puede discriminar por razones políticas, raciales, religiosas, sociales y de índole. El problema está que cuando se acento de índole, solo se entiende hombre y mujer. No hay un tercero. El término marica no aparece en la carta magna. Y el Art. 55 es muy claro y preciso al sostener:  La grupo se constituye por la valentía desenvuelto de un hombre y una mujer al contraer himeneo o por voluntad responsable de conformarla.

Las sentencias del Tribunal Constitucional en teoría son irrevocables, pero algunas no se han cumplido, sobre todo cuando interfieren con otros poderes del Estado. De forma particular, la 125-25, choca con el Art. 128 de la Constitución, que dice que el presidente de la República “…es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Doméstico y demás cuerpos de seguridad del Estado.”

Conflicto permitido

Es evidente que esa sentencia involucra un conflicto permitido. Y es lo que lleva al director de la Policía Doméstico y al ministro de las Fuerzas Armadas a expresar, en presencia del dirigente de Estado, que seguirían aplicando las leyes internas de los organismos armados. Menos de lo permitido, esa sentencia, es un desafío a un aspecto de la civilización dominicana, donde solo se reconoce como natural la relación sexual entre hombre y mujer, única que garantiza reproducción humana.

La relación entre personas del mismo sexo la población, mayoritariamente, la percibe como contranatural y es un número que favorece a la posible arbitrariedad de la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin bloqueo, son muchas las entidades de la sociedad civil y abogados expertos en asuntos constitucionales que se han pronunciado cuestionando la posición ministerial, de aprobar un desacato contra el organismo que tiene la supremacía de las leyes y sus miembros son designados por el Consejo Doméstico de la Magistratura, que encabeza el precisamente elpresidente de la República.

Se cree que la posición del Gobierno está motivada en el populismo, en colocarse al costado de la conducta de la mayoría de los dominicanos respecto al rechazo a la sentencia y a servicio de los órganos armados, por lo menos sobre ese tema. Y el presidente asume esa posición sin importarle tirarse completamente en contra a la comunidad gay que, diferente a otros países, no está organizada políticamente.

Y Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD prefieren cuidar silencio y no fijar posiciónresponsable sobre un caso que piensan no les suma nulo y sí podría restarle. De todos modos, hasta el momento, si algún está a la defensiva en torno a ese asunto es el PRM y el Gobierno.

Los partidos opositores, de los tres capítulos que están sobre el tapete, solo se han pronunciado para replicar a José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y presidente del PRM, que en un nuevo discurso admitió que a esa estructura penetraron individuos vinculados al narcotráfico, muchos de los cuales resultaron electos a puestos legislativos y municipales.

Es una cuestión sobre la que el PRM y el Gobierno guardó silencio por más de cinco abriles, pero ya no podía postergar la respuesta. Respuesta basada en pretextos infelices, porque los narcotraficantes son conocidos en sus demarcaciones geográficas y de todas maneras les dieron entrada.

No solo les dieron entrada, sino que los postularon como diputados, alcaldes y regidores, pese a que los estatutos internos requieren abriles determinados de militancia para ser candidatos. Muchos de esos hombres y mujeres del bajo mundoresultaron electos tanto en los comicios del 2020 como en los del 2024, sacrificando en uno y otro procesos electorales a dirigentes políticos de trayectoria limpia.

Uno de los alegatos de Paliza es que provenían del PLD y la Fuerza del Pueblo, cuyas organizaciones lo han emplazado a que cite los nombres. No han hecho más nulo, pese a que el ministro exhortó a los narcotraficantes, que están en la política partidaria, a que se entreguen todos, lo que lleva a colegir que, por separado de los capturados por la conciencia dominicana y extranjera, quedan muchosmás, inclusive ocupando puestos legislativos y municipales.

Y no se proxenetismo de que los capturados al momento, cerca de la docena, se distribuyen entre los diferentes partidos. No. Todos pertenecen al PRM, por lo que es un caso inexplicable y justifica la reprimenda de ataques recibidos en medios electrónicos y redes sociales. Quizás al Gobierno y al PRM les hubiera ido mejor con no topar el caso, porque al presidente de la entidad política nadie le ha creído. Y el Gobierno, a posteriori de cinco abriles, cae a la defensiva por primera vez.

Para colmo al Gobierno se le unión un tercer tema. Ahora se proxenetismo del permiso que otorga el presidente de la República al secretario de Pugna(lean eso: “enfrentamiento”) de Estados Unidos, Pete Hegseth, para que haga uso de los aeropuertos de San Isidro e Internacional José Francisco Peña Gómez, en un acto de cooperación conjunta contra un supuesto narcotráfico en la región, lo que transgrede el Art. 3 de la Constitución de la República sobre la “inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención.”