El vicepresidente del Partido de la Permiso Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, emplazó al gobierno a explicar la transferencia de mil millones de pesos provenientes del convenio con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) en torno a Senasa, institución donde, según el dirigente político, se conocía de malversación de fondos.

Lorenzo recordó que el director de Senasa había denunciado corrupción en la entidad, y consideró que el movimiento de capital constituye una dificultoso irregularidad al no ser aprobada por el Congreso Doméstico.

El dirigente igualmente cuestionó la desatiendo de sanciones y acciones correctivas por parte del gobierno. «Lo que ocurrió en Senasa fue denunciado el año pasado por el propio gobierno y no ha tenido ninguna consecuencia», señaló.

Asimismo, emplazó al gobierno a informar sobre el destino de 16 millones de pesos relacionados con el nuevo convenio con Aerodom y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). «Hoy inicia un software de la Dirección Normal de Integridad Ministerial denominado Derecho a Conocer. Su motivación es clara: el derecho a conocer no es un privilegio, es una obligación de quienes gobiernan», destacó Lorenzo.

El convenio estipulaba que, en un plazo de 18 meses, el AILA estaría remozado, pero a su pleito, «parece que no se gastó un solo centavo», ya que el aeropuerto se encuentra en incuria, lo que afecta la imagen del país.

«Igualmente, el presidente debe explicar que adentro de las estipulaciones del convenio Aerodom se comprometió a volver 250 millones de pesos con la construcción de una nueva terminal en Las Américas y no hemos gastado absolutamente carencia», reveló.

El dirigente señaló que la Comisión Aeroportuaria debe aclarar la almohadilla legítimo de sus acciones, ya que, según él, la forma en que ha manejado el convenio es una estafa a la inteligencia del pueblo dominicano.

Reiteró que la Comisión no tiene capacidad para sancionar y que lo correcto habría sido rescindir el convenioentregado que ni el convenio ni la ley de la Comisión, que data de 1978, contemplan la imposición de sanciones administrativas de cinco millones de dólares tras un corte de más de nueve horas.

Finalmente, Lorenzo enfatizó que las denuncias del PLD se basan en informes oficiales del propio gobierno. «Lo ocurrido en Educación igualmente fue denunciado con un documentación titulado ‘solo para los fanales del presidente Luis Abinader’ y siquiera se ha hecho carencia», concluyó.