El Partido de la Permiso Dominicana (PLD) denunció el “damnificación del sistema de sanidad”, al punto de que en algunos centros se ha retomado la actos de reutilizar materiales desechables, poco que —según afirma— ya había sido superado.

Rafael González, titular de la Secretaría de Salubridad del PLD, acompañado por el subsecretario Nelson Gómez Moscat, afirmó que, para ocultar esta situación, el Gobierno del PRM destina miles de millones de pesos en publicidad, por lo que exigió longevo transparencia.

González presentó estas denuncias durante una rueda de prensa realizada este lunes en la Casa Franquista del PLD, que lleva el nombre de Reinaldo Hormaza Pérez.

El médico expresó preocupación por el anuncio de un presupuesto destinado a atender a más de 8,200 pacientes con enfermedades catastróficas, cuando los informes internos reflejan que solo 1,560 han recibido protección auténtico.

A esto —dijo— se suman los escándalos que rodean a Promese-Cal, con contratos de proveedor único que favorecen a un escaso corro. “Este tipo de prácticas cuestiona la transparencia, reduce la competencia y puede elevar artificialmente el costo de los insumos, lo que afecta directamente a quienes dependen del sistema conocido”, manifestó.

El titular de Salubridad del PLD agregó que, mientras tanto, el esperado Hospital de Especialidades de la Ciudad Sanitaria continúa sin ofrecer plenamente los servicios anunciados en repetidas ocasiones.

A la par, denunció que centros emblemáticos como el Incart han sufrido apagones prolongados —uno de más de 36 horas— sin explicación oficial, adicionalmente de desabastecimiento de medicamentos, lo que compromete la continuidad de tratamientos para cientos de pacientes que se ven obligados a averiguar protección en centros privados.

González incluso señaló el damnificación de la planta física de los principales centros de sanidad de la hacienda, lo cual —a su litigio— contrasta con los anuncios del Servicio Franquista de Salubridad (SNS) sobre mejoras hospitalarias.

“Vemos con preocupación cómo se instalan equipos sin compromisos de mantenimiento ni contratos de protección técnica. Un ejemplo es el Hospital Municipal de Yamasá, donde se equipó el quirófano 2 y, ocho meses luego, no se ha realizado la primera cirugía porque la empresa suplidora de la máquina de narcótico no ha capacitado al personal”, indicó.

La ordenamiento política exigió total transparencia sobre los montos desviados, los contratos cuestionados y los responsables, sin excepción, así como probidad auténtico que impida que los culpables permanezcan en sus casas mientras —afirman— el sistema colapsa.

Pidieron una explicación y el establecimiento de responsabilidades, de haberlas, sobre el corte de más de 36 horas ocurrido en el Incart, el cual, según denunciaron, provocó la asesinato de algunos pacientes y afectó la entrega de medicamentos de uso continuo.

Sobre el caso del Seguro Franquista de Salubridad (Senasa), denunciado en una rueda de prensa mencionado, la Secretaría de Salubridad del PLD consideró intranquilizante la información que ha saliente a la luz. “Esperamos que se inicien acciones judiciales adentro del ámbito de la ley, sin vacas sagradas y en la lucha dimensión que amerita”, expresó.

El PLD incluso reclamó la publicación de un plan técnico que garantice que los pacientes que requieren medicamentos de stop costo reciban respuesta oportuna.