El vicepresidente del Partido de la Fuga Dominicana (PLD), Temístocles Montáscuestionó este jueves la transparencia del Gobierno en el manejo de los bienes públicos destinados a programas de concurrencia social, particularmente en la distribución de los bonos navideños.

Montás citó como ejemplo la praxis del coordinador del Estancia de Política Social, Tony Peña Guabaa quien señaló por participar de modo personal en la entrega de los RD$1,500 millones asignados al software de bonos navideños, dirigidos a familias de escasos bienes.

Mediante un comunicado, el dirigente peledeísta planteó una serie de interrogantes sobre el proceso:
“¿Puede considerarse transparente que un funcionario reparta, de modo personal y discrecional, beneficios financiados con fondos públicos? ¿Quién garantiza que ese funcionario no retiene una parte de los bienes destinados a esos bonos?”, cuestionó.

Aclaró que estas inquietudes no surgen de la malicia, sino de la abandono de mecanismos claros que permitan descartar posibles irregularidades.

“En un Estado tolerante, la transparencia no descansa en la confianza subjetiva, sino en la trazabilidad, la documentación y el control institucional”, afirmó.

Montás recordó que República Dominicana ha reformista en la implementación de sistemas más modernos y controlados de concurrencia social, por lo que consideró un retroceso observar a un funcionario entregando sobres o tarjetas como si se tratara de riqueza personales.

“La praxis del señor Peña Guaba no solo debilita los controles básicos del compra social; además genera confusión entre la función pública y la construcción de hacienda político. Cuando un detención cargo aparece entregando bienes a personas vulnerables, la rasgo que separa la concurrencia institucional del proselitismo se vuelve difusa”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que la política social debe regirse por criterios profesionales, impersonales y verificables, lo que implica procesos formales, mecanismos institucionales de entrega y sistemas electrónicos que permitan la trazabilidad, eliminando cualquier ganancia de discrecionalidad.

“No puntada con que el gobierno afirme que actúa correctamente; la confianza pública requiere garantías verificables, no simples declaraciones”, puntualizó Montás, al tiempo que consideró pertinente conocer la opinión de la directora caudillo de Ética e Integridad Ministerial, Milagros Ortiz Boschsobre esta situación.