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El locación de viviendas por plataformas digitales como Airbnb y Booking quedaría sujeto a un régimen de registro obligatorio, cumplimiento tributario y supervisión estatal, según establece el plan de ley que crea la Superintendencia de Condominios que, entre otros aspectos, regularía la renta corta en el interior de residenciales en el país.
La iniciativa es autoría del diputado Tobías Crespode la Fuerza del Pueblo, y dedica un capítulo completo a los condominios de renta cortacondiciona la vigencia de esta actividad a una autorización expresa del reglamento interno de cada condominio, y dispone la inscripción en registros oficiales y el cumplimiento de obligaciones fiscalespor otra parte de permitir al Estado a suspender o anular la operación de unidades que incumplan las normas de convivencia.
El plan define como renta corta el locación habitual de espacios por períodos cortos o medianos, ya sea de forma individual mediante plataformas digitales o a través de esquemas de suministro centralizada, reconociendo el derecho del propietario a disponer de su inmueble, pero subordinándolo al derecho a la tranquilidad de la comunidad, la seguridad y el orden residencial.
Uno de los ejes de la propuesta es la creación del Registro Doméstico de Condominios Rentistas y de Renta Corta, que estaría bajo la suministro de la Superintendencia de Condominiosen la cual deberán inscribirse tanto los condominios que permitan este tipo de locación como las unidades ofertadas, a las que se les asignará un código único.
En su artículo 22, el plan establece que la inscripción en este registro “será un requisito indispensable” para la vigencia de la actividad.
Control fiscal
En materia fiscal, la iniciativa dispone que todo propietario el condominio que asigna unidades a renta corta deberá estar inscrito en la Dirección Militar de Impuestos Internos (DGII) y emitir comprobantes fiscales conforme al Código Tributario.
El cumplimiento de estas obligaciones, según consta en el artículo 23 del plan, se establece como condición para efectuar legalmentesin crear nuevos tributos, pero integrando la actividad de Airbnb o Booking a un sistema de control de impuestos.
Adicionalmente del aspecto tributario, el plan exige que la renta corta solo pueda realizarse cuando el reglamento del condominio la autorice expresamente y establezca reglas claras sobre áforahorarios, uso de áreas comunes y protocolos de convivencia.
La cámara legislativa asimismo impone el cumplimiento de normas de seguridad, sanidad y prevención de riesgos, así como la contratación de seguro que cubran daños a fondos comunes y riesgos asociados a la actividad de hospedajede acuerdo con el artículo 23 de la propuesta.
Daños y sanciones
La propuesta asigna responsabilidad directa a los propietarios por los daños, ruidos o conductas indebidas de sus huéspedes, y obliga a las administraciones de los condominios a implementar controles de ingreso y salida para evitar molestias o aglomeraciones.
En los casos de incumplimientos reiterados, la Superintendencia de Condominios podrá ordenar medidas correctivas o a suspensión temporal de la actividad rentista, según establece el artículo 24 de la cámara.
El plan asimismo prohíbe que los condominios residenciales operen como “hoteles encubiertos“, entendidos como aquellos donde exista locación masivo de unidades, suministro centralizada con servicios propios de hospedaje u otras prácticas que desvirtúen la naturaleza residencial del inmueble.
La experiencia de “hotel encubierto”, según el artículo 25, podrá ser sancionada con multassuspensión o revocación del registro y, en casos graves, la clausura del espacio.
La supervisión de la renta corta recaería en la Superintendencia de Condominios en coordinación con la DGII, el Servicio de Turismo y los ayuntamientos, y las sanciones se aplicarán garantizando el conveniente proceso y el derecho de defensa.
Poder Ejecutante buscó control, pero reculó
Este mismo año, a través del decreto 30-25, el Poder Ejecutante buscó la creación de un reglamento para aplicar el impuesto sobre transferencia de fondos industrializados y servicios (Itbis) a las plataformas digitalesentre las que se incluía Airbnb.
La orden del Gobierno fue firmada en enero y entraría en vigencia seis meses luego, pero el Poder Ejecutante eliminó el decreto en Abril cuando fue divulgado por Diario Desenvuelto.
Alojamientos alternativos
De acuerdo con Jaqueline Moraviceministra técnica del Servicio de Turismola República Dominicana cuenta con 136,000 habitaciones disponibles que pertenecen a alojamientos no hoteleros, impulsados a través de Airbnblo que ha generado, a su inteligencia, la falta de regulaciones que garanticen calidad y seguridad para los turistas.
