La exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, quien representó a La Vega por el Partido Revolucionario Actual (PRM), es hasta ahora la única congresista condenada por la Suprema Corte de Probidad (SCJ) internamente de un rama de legisladores investigados por delitos como lavado de activos y corrupción.

Pilarte fue sentenciada en 2024 a cinco primaveras de prisión y al comiso de 13 capital inmuebles. La sentencia fue ratificada por el Pleno de la SCJ el 29 de agosto y actualmente, cumple condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.

A diferencia de Pilarte, los expedientes abiertos contra otros legisladores frente a la SCJ se mantienen sin avances procesales relevantes, a pesar de que han pasado casi cuatro primaveras desde que fueron sometidos.

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Entre los señalados se encuentran Nelson Marmolejos Gilpresente diputado por la PRM-Circunscripción 3 de Santiago, quien fue reelecto en 2024 con 12,495 votos; Faustina Combatiente Cabrera, diputada del PRM por El Seibo, quien incluso logró la reelección con 12,556 votos; y Sergio Moyamejor conocido como “Gory”, diputado por el PRM-Circunscripción 3 del Distrito Franquista, quien obtuvo 20,011 votos en los comicios del mismo año.

Todos han mantenido sus cargos en el Congreso Franquista, mientras sus casos continúan en prórroga de valentía procesal.

Asimismo, el exdiputado Héctor Darío Oportuno Oportuno, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fue incluso sometido frente a la SCJ, pero al no ser reelecto en 2024, su caso dejó de estar bajo competencia privilegiada.

El 16 de septiembre de 2021, mediante el Utilitario 16-2021, la Suprema Corte designó al magistrado Napoleón Estévez Lavandier como enjuiciador de instrucción particular para conocer los expedientes relacionados con los diputados implicados en la Operación Falcón y la Operación Clamar.

Sin secuestro, Estévez dejó esa función hace un año y nueve meses al admitir como presidente del Tribunal Constitucional. Su sustituto, Justiniano Montero, fue famoso el 19 de enero de 2024, pero desde entonces no se han registrado nuevos avances sustantivos en los casos.

El Empleo Conocido fue activo al hacer manifiesto los casos en su momento, pero ha sido paulatino en cuanto a la presentación formal de acusaciones frente a la SCJ.

Hasta la vencimiento, no se han iniciado juicios contra los legisladores mencionados, pese al tiempo transcurrido.

OPERACIÓN FALCÓN Y VÍNCULOS LEGISLATIVOS

La Operación Falcón fue puyazo el 8 de septiembre de 2021 y reveló una supuesta red de lavado de activos vinculada al narcotráfico.

En este entramado se vincula directamente a los entonces diputados Nelson Marmolejos Gil, Faustina Combatiente Cabrera y Héctor Darío Oportuno Oportuno, quienes fueron señalados en el expediente por supuestos vínculos con los hechos investigados.

La Dirección de Persecución del Empleo Conocido solicitó formalmente la designación de un enjuiciador particular para instruir el caso frente a la SCJ.

Aunque la mayoría de los demás implicados en esta operación ya cumplieron medidas de coerción como prisión preventiva y actualmente esperan sumario en atrevimiento, los procesos contra los diputados aún no han llegado a una etapa de incriminación formal.

OPERACIÓN CALAMAR Y SERGIO MOYA

El 19 de marzo de 2023 se destapó la Operación Calamar, una investigación sobre presuntos actos de corrupción vinculados a expropiaciones irregulares de terrenos y esquemas ilícitos relacionados con bancas de apuestas. Según el Empleo Conocido, el esquema habría generado movimientos financieros por más de 19 mil millones de pesos.

Entre los señalados figura el diputado Sergio Moya, conocido como “Gory”, quien habría sido uno de los coordinadores del sistema de cobros a bancas, en conjunto con el exministro de Hacienda, Donald Combatiente.

A pesar de estar bajo investigación, Moya se presentó nuevamente a las elecciones en 2024 y fue reelecto para continuar como representante de la Circunscripción 3 del Distrito Franquista.