La modificación a la Ley Común de Mandato Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), recientemente aprobada por el Congreso Doméstico, ha despertado una ola de preocupación en diversos sectores productivos del país, que advierten sobre las consecuencias económicas, operativas e institucionales que podría transportar su entrada en vigencia.

Tanto la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Prohijamiento), como la Cámara Saco de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), han coincidido en que el nuevo ámbito judicial impone cargas desproporcionadas, amenaza la emancipación de empresa y ha sido aceptado sin una consulta efectiva con los actores impactados.

Adocem: obligación de coprocesamiento vulnera la emancipación de empresa

Julissa Báez, directora ejecutiva de Adocem, manifestó a Diario Vacancia que el artículo 20 del esquema obliga al uso de combustibles derivados de residuos en los hornos cementeros, lo cual consideró inconstitucional y contrario al principio de emancipación empresarial consagrado en la Constitución.

“Esa obligación vulnera la emancipación de empresa consagrada en el artículo 50 de la Constitución. No se puede imponer por ley el uso de un insumo específico sin tomar en cuenta las condiciones técnicas, económicas y regulatorias”, afirmó.

Actualmente, agregó, que en República Dominicana ni siquiera existe un mercado estructurado de combustibles alternativos: no hay seguro de suministro, ni calidad ni cantidad adecuada para el coprocesamiento, que es como se fuego ese proceso técnicamente.

Adocem ha promovido el coprocesamiento de modo voluntaria como opción sostenible, pero advirtió que no puede imponerse sin criterios técnicos, estructuras logísticas y marcos regulatorios adecuados.

Todavía cuestionó que el artículo 20, que afecta de forma directa a su sector, no formaba parte del texto llamativo de la ley y fue introducido sin un proceso de diálogo transparente.

Amchamdr: aumento de tasas carece de sustento técnico y afecta la inversión

Todavía, Amchamdr expresó su aviso frente a el aumento proyectado de un 275 % en la contribución particular para la mandato de residuos, al considerar que esta medida no cuenta con respaldo técnico y podría afectar seriamente la competitividad del trasto productivo franquista, el clima de inversión y la sostenibilidad económica del país.

La entidad advirtió que esta carga tendría un impacto particularmente reservado en las pequeñas y medianas empresas, y denunció además disposiciones que restringen la emancipación de disposición de residuos y promueven condiciones monopólicas, como la obligación de utilizar un relleno inodoro por región o la pega del sector privado del Fideicomiso de Residuos.

“Es esencial proteger la emancipación de empresa y promover la peculio circular”, indicó la entidad”, sostuvo la entidad.

Amchamdr además reclamó la equivocación de vistas públicas, la exigencia de regular tarifas con criterios de equidad, e incluir definiciones técnicas actualizadas y mecanismos efectivos para el manejo de residuos peligrosos.

“La Cámara Saco de Comercio de la República Dominicana reiteró su compromiso con un ámbito regulatorio que promueva la sostenibilidad ambiental sin martirizar la competitividad económica. En ese sentido, manifestó su disposición de colaborar con los actores públicos y privados, en aras de contribuir a una reforma más balanceada y efectiva”, expresó.

Codopyme: Ley amenaza con cerrar miles de mipymes

La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) fue aún más elocuente y rechazó categóricamente la aprobación del esquema, al considerar que impone cargas “desproporcionadas, inflexibles e injustas” sobre un sector que representa el 98 % del tejido empresarial del país.

Según la estructura, las nuevas tasas representan aumentos de entre 160 % y 500 % con respecto a la ley susodicho. En algunos casos, negocios pequeños pasarán de sufragar 500 a 3,000 pesos, mientras empresas medianas verán incrementos de hasta 675,000 pesos, sin estudios técnicos ni esquemas de gradualidad.

“Resulta inaceptable que una ley con impactos económicos y operativos tan significativos haya sido aprobada sin un proceso positivo de consulta con el sector mipymes, que representa el 98 % del trasto productivo franquista y genera millones de empleos formales e informales en todo el circunscripción”, advirtió la entidad.

Codopyme anunció que iniciará acciones legales para fallar la inconstitucionalidad de la norma y promoverá bienes de amparo, así como consultas regionales para articular una respuesta colectiva del sector.

“Advertimos que la entrada en vigencia de esta ley, sin ajustes ni compañía adecuado, puede traducirse en anciano informalidadcierres de negocios, pérdida de empleos y anciano desigualdad, en contraposición a los principios de sostenibilidad y progreso que supuestamente promueve”, indicó el corporación.

Pese a que todos los sectores consultados valoran la importancia de una mandato moderna y responsable de los residuos, coinciden en que la modificación aprobada presenta serias deficiencias en su diseño técnico, genera distorsiones económicas, excluye la décimo del sector privado y fue elaborada sin diálogo positivo con los principales actores económicos del país.

Tanto adoptados como Amchamdr Y Codopyme han hecho un llamado al Poder Ejecutor para que observe el esquema y abrigo un proceso de revisión más mesurado, que permita una implementación efectiva, inclusiva y reto del ámbito normativo.

Asimismo, señalan que la disposición contradice el principio de Responsabilidad Extendida del Productor contenido en la misma ley 225-20, al trasladar la responsabilidad de disposición final de los residuos a la industria cementera, que no los genera.

El sector turístico se une al rechazo

A la preocupación del sector cementero se suma la voz de más de una decena de asociaciones del turismo y la hotelería, que además solicitaron al Poder Ejecutor observar el esquema y convocar a un diálogo técnicoextenso y participativo.

Los gremios, entre ellos la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Empresas de Turismo Inmobiliario (Adeti), Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderos), Asociación Dominicana de Comida Casual y Servicio Rápido (Adecor), Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), Asociación de Hoteles del Este (Azole), Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santiago (Ashoresa), y la Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe (AHRB) y otros, expresaron su inconformidad con una reforma que, según explican, se aprobó sin la debida profundidad técnica ni exploración de impacto, y que amenaza la sostenibilidad ambientalla autonomía municipal y la competitividad empresarial.

Uno de los puntos críticos para el sector es la pega del alga como residuo en la norma. Las asociaciones advierten que esta omisión impide su adecuada disposición final, pese a que representa un reservado problema ambiental y crematístico para el turismo.

Señalan que las inversiones turísticas destinan millones de pesos para desavenir la presentación masiva de esta macroalga, sin apoyo efectivo del ámbito judicial.

Todavía alertan que la reforma limita la capacidad de las empresas para diligenciar directamente sus residuos, impone la entrega obligatoria a gestores locales, y crea un sistema centralizado con un solo relleno inodoro por provincia y una sola planta por región, lo que —advierten— puede promover monopolioselevar costos y ceñir eficiencia.

Otra inquietud es la creación de una contribución particular basada en los ingresos brutos de las empresassin considerar el bombeo o tipo de residuos generados, lo que penaliza de forma desproporcionada a pequeñas y medianas empresas turísticas.

Finalmente, denuncian que la ley reconoce derechos adquiridos solo a rellenos sanitariosignorando permisos vigentes de otras plantas de valorización, lo cual, adicionalmente de violar el principio de irretroactividad, crea un clima de inseguridad jurídica y desincentiva nuevas inversiones.

En lo que respecta al Fideicomiso de Mandato de Residuosobservan con preocupación la composición del consejo, al incluir representantes de la industria beneficiaria, lo cual genera un claro conflicto de interés.