El Profesión Notorio solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los 11 agentes policiales a los que les imputa los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de los cinco hombres que abatieron el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.

En el caso son imputados los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnado, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Honorable Martínez Trinidad, el mangonero longevo Sócrates Fidel Féliz Féliz, el mangonero Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Los policías están siendo procesados por la crimen de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 primaveras; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 primaveras; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 primaveras; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 primaveras, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 primaveras.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director normal de Persecución del Profesión Notorio; la fiscal titular interina Quirsa Milagros Abreu, y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos presentaron la medida frente a la Territorio de Atención Permanente del Tribunal de la Instrucción del Distrito Legislativo de Santiago.

Los fiscales piden la declaratoria de caso confuso y explican, en la medida de coerción, que luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación.

De acuerdo a un comunicado del Profesión Notorio, los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos.

“Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas” en presencia de una persona testimonio que pudo morder lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil.

Adicionalmente, sustrajeron los DVR de los negocios del división del hecho, “así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el división, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”.

Incluso, agrega la solicitud de medida, llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del nave, el cual tomaron y se lo llevaron.

Tras suceder el hecho, la procuradora normal de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director normal de Persecución del Profesión Notorio y a la fiscal titular de Santiago, a realizar una investigación para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.