La Fiscalía Genérico de Perú presentó este martes una queja constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y los exministros María Antonieta Alva y Víctor Zamora por colusión agravada, a raíz de las supuestas irregularidades en la negocio de pruebas rápidas para diagnosticar la COVID-19.

El Profesión Notorio informó en su cuenta de la red social X que la queja fue presentada a través del Ámbito de Ganancia Ilícito y Denuncias Constitucionales contra el exmandatario, la exministra de Patrimonio y el extitular de Salubridad.

Esta quejala única que puede presentarse contra un expresidente por presuntos delitos cometidos durante su mandato, debe ser tramitada en el Parlamento, que decidirá si Vizcarra es procesado en la probidad por este caso.

De acuerdo a la información de la Fiscalíalos hechos están vinculados a la adquisición de 1,400,000 pruebas rápidas a dos personas jurídicas, a través de negocio directa.

“Ello adecuado a la presunta concertación ilegal de los referidos funcionarios con las empresas”, a partir de una reunión realizada el 18 de marzo de 2020 en el Profesión de Patrimonio y Finanzas.

Vizcarra había anunciado restricciones a la movilidada partir del 15 de marzo de ese año, adecuado a la aparición de los primeros casos de COVID-19 en el país, que se extendió por varios meses.

La Fiscalía de la Nación agregó que asimismo se dispuso no suceder mérito para formular queja constitucional contra Vizcarra, en su condición de presidente de la república, de María Antonieta Alva, de la exministra de Salubridad Pilar Mazzeti y del excanciller Gustavo Meza Cuadra por la presunta comisión del delito de omisiónrehusamiento o retraso de actos funcionales, en agravio del Estado.

Estos hechos están referidos a la investigación por la presunta retraso en adoptar medidas y realizar gestiones necesarias para coger las vacunas contra la COVID-19 para la inmunización inmediata de la población.

• El expresidente Vizcarra es procesado en paralelo por otros casos de presunta corrupción cuando fue administrador de Moquegua, ayer de ser director de Estado, y ha sido inhabilitado por el Congreso para impedir su posibilidad de postular en las elecciones generales del próximo año.