En los últimos tiempos ha comenzado a circular una modalidad de estafa particularmente peligrosa, no solo por el daño financiero que puede causar, sino por el nivel de angustia emocional que genera en sus víctimas. Se negociación de individuos que se hacen ocurrir por miembros de la Policía Doméstico o del Ocupación Notorio de la República Dominicana para trastornar a personas que, efectivamente, enfrentan algún proceso legal, en particular casos relacionados con violencia de mercaderías.

El método utilizado no es improvisado. Por el contrario, demuestra planificación, conocimiento del sistema legal y, lo más preocupante, paso a información que no debería estar al envergadura de terceros.

Las víctimas reciben llamadas o mensajes de WhatsApp de supuestos oficiales que se identifican con nombres, rangos y hasta fotografías de perfil cuidadosamente escogidas para producir credibilidad. En algunos casos, los perfiles muestran imágenes de hombres uniformados; en otros, el logo institucional del Ocupación Notorio. El objetivo es claro: que la persona crea que está hablando con una autoridad legítima.

El discurso suele ser casi siempre el mismo.

Les informan que tienen una “rebeldía abierta”, que existe una orden irresoluto, que su expediente está en el Palacio de Honradez y que en cualquier momento podrían ser apresados. La conversación está diseñada para provocar miedo, ansiedad y sensación de aprieto. Y cuando la persona ya está emocionalmente relajado, llega la segunda parte del guión:

• “Eso se puede arreglar antiguamente de que procedan a buscarte”.
• Es ahí donde aparece la verdadera intención: la trastorno.

Según reportes recibidos de ciudadanos preocupados, entre los números utilizados para estos fines figuran el 829-472-9690, desde donde quien escribe se identifica como “teniente Carlos De Los Santos”, y el 809-751-0509, que utiliza como imagen de perfil el logo del Ocupación Notorio. Estos datos se citan exclusivamente como parte de denuncias ciudadanas, con fines preventivos, no como denuncia formal.

Lo verdaderamente intranquilizante de este aberración no es solo la estafa en sí, sino el nivel de información que manejan quienes la ejecutan. En varios casos conocen nombres, tipos de procesos y detalles que coinciden con expedientes reales. Esto abre una interrogante legítima y preocupante:

¿De dónde están obteniendo estos datos?

La rectitud no puede funcionar si la información sensible de los ciudadanos termina en manos de delincuentes que la utilizan para beneficiarse a través del miedo. Y peor aún, cuando ese miedo se apoya en una de las situaciones más delicadas que puede comportarse una persona: un proceso legal.

Es necesario reiterar poco con absoluta claridad:

• Ni la Policía Doméstico ni el Ocupación Notorio solicitan monises por teléfono, ni “arreglan” expedientes mediante llamadas o transferencias.
• Cualquier comunicación de esa naturaleza es falsa y debe ser tratada como intento de estafa.
• La recomendación en presencia de estos casos es sencilla, pero optimista:
• No cursar monises.
• No compartir datos personales.
• Colgar inmediatamente.
• Efectuar siempre directamente con su abogado o en la institución correspondiente.
• Seguir evidencia (capturas, audios, números) y reportarla a las autoridades competentes.
• Este no es un tema pequeño. Es un problema que combina delito, despotismo de la imagen institucional y vulnerabilidad ciudadana.

Requiere atención seria, investigación profunda y una respuesta firme por parte de los organismos responsables.

La población debe estar alerta, pero el Estado además debe certificar que sus sistemas de información no se conviertan en herramientas al servicio de los delincuentes.

Porque cuando cierto utiliza el uniforme, el nombre o el prestigio de la autoridad para trastornar, no solo roba monises: además erosiona la confianza en las instituciones.

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