Distinto de Raful ha sido atacada de forma despiadada desde las redes sociales. La ministra de Interior y Policíaquien es frente a todo mujer destacada, abogada y dirigente política, se vio compelida a destinar las horas previas al “Día de las Madres” – ¡vaya el simbolismo! – para anunciar el inicio de acciones judiciales contra depredadores del honor y la honra ajenas, la reputación y la intimidad personales, que pululan a través de las redes sociales.

Previamente, a mediados de mayo, un peña de colegas de la prensa integrado por Marino Zapepresentó formales querellas penales frente a el Tarea Conocido contra varios supuestos “influencer”, a quienes acusan de incurrir en actos de difamación, injuria y desinformación utilizando medios y plataformas digitales.

Estos hechos jurídicos, cercano a otros precedentes que quedan en el tintero, revelan el auge del delito desde plataformas digitales creadas con la mera intención de influir negativamente en la opinión pública mediante contenidos orientados en dirección a la propaganda sucia, la desinformación, el jerigonza procaz y la propagación de “informativo falsas”.

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Al parecer, hay individuos accionantes de la Internet que desconocen, o deliberadamente ignoran, que en República Dominicana los derechos fundamentales, todavía conocidos como derechos humanos, están garantizados en la Constitución y en leyes internacionales. Derechos que se enumeran en el Capítulo I de la Carta Magna a partir del artículo 37, y que abarcan una amplia matiz de libertades y protecciones, incluyendo el derecho a la vida, la dignidad, la integridad personal, la intimidad y el honor, entre otros.

Tanto el Derecho Penal como el Derecho Civil establecen que, en materia de delitos y cuasidelitos, “cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya tropiezo sucedió, a repararlo”. Y los navegantes eventuales difamadores, injuriosos y depredadores de las redes sociales no están exentos de esa premisa actual en nuestro sistema de honestidad.

No se tráfico de que estas acciones reparadoras legalmente de daños contra la integridad personal, pretendan restringir la arbitrio de expresión, que es un derecho inalienable agradecido en nuestra carta sustantiva y en la Afirmación Universal de los Derechos Humanos.

Creo que las campañas sucias desatadas desde las redes sociales contra líderes de influyentes grupos económicos, que se han desvelado por el bienestar caudillo de la sociedad dominicana, así como contra dirigentes políticos, han conducido al gobierno del presidente Abinader a tratar de frenar jurídicamente tales tropelías mediáticas.

Pero cuidado, que la medicina no resulte peor que la enfermedad, porque la arbitrio de expresión en redes sociales es fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad democrática, ya que permite la décimo ciudadana y la discusión pública.

No obstante, el Estado debe perseguir y sancionar a las sabandijas mediáticas que se escudan detrás de la arbitrio de las redes sociales para depredar la reputación ajena.