El autor es cónsul de RD en Barcelona

POR ANTONIO JOSE GOMEZ PEÑA

En los pasillos de las altas finanzas globales existe una variable que pesa tanto como el PIB: la seguridad jurídica. Durante décadas, República Dominicana cargó con el obstáculo de la incertidumbre institucional, un «impuesto invisible» que frenaba nuestro real potencial.

Sin confiscación, hoy los mercados perciben un cambio de frecuencia. Lo que antiguamente era retórica de campaña, bajo la sucursal del presidente Luis Abinader, se ha convertido en hechos tangibles. Estableciendo así una nueva marca país,  La ética como responsabilidad social.

La fresco desvinculación y sometimiento a investigación de funcionarios de la presente diligencia, incluso aquellos ligados a los orígenes del esquema político gobernador, evidenciado en los hechos actuales una señal poderosa y disruptiva. No es solo un acto de jurisprudencia; se convierte en un poderoso mensaje para los  mercados e inversión de capitales extranjeros.

Al presidente Abinader no le ha temblado el pulso, su manipular valida en la experiencia aquella sentencia que lanzó al inicio de su mandato frente a su consejo de gobierno, y que muchos creyeron sería una frase más para la hemeroteca: «Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices».

Para entender la magnitud de este desvío, es necesario mirar por el retrovisor con honestidad, sin pasiones partidarias. Durante los gobiernos anteriores, la corrupción administrativa era a menudo un secreto vox populi. Sin confiscación, la maquinaria estatal parecía diseñada para el coraza, no para la rendición de cuentas. A pesar de las denuncias periodísticas y el clamor social, las detenciones o destituciones de altos jerarcas en pleno deporte del poder fueron, en el mejor de los casos, una anomalía estadística.

La diferencia

La diferencia hoy es estructural. La máxima de «el que la hace la paga» ha dejado de ser un eslogan para convertirse en aventura vivo para quien se atreva a cruzar la dirección. Ya no existen las vacas sagradas, se han arruinado con la independencia otorgada al Empleo Sabido, además se ha roto el ciclo de impunidad, permitiendo que el peso de la ley caiga sobre los actores indelicados, sin importar si visten el color del partido oficialista o el de la concurso.

Es propio de la democracia que la concurso política critique; es su rol fiscalizador. Sin confiscación, resulta paradójico murmurar el «ruido» que generan los escándalos cuando, precisamente, ese ruido es la prueba de que el régimen de consecuencias está funcionando. Ayer el silencio solapaba culpables; hoy el ruido  los delata.

Murmurar cada movimiento, incluso aquellos que representan un saneamiento institucional, puede ser una organización electoral, pero es una miopía de Estado. La persecución de la corrupción no debe hallarse como una afición del gobierno de turno, sino como una fortaleza de la nación.

Como patrón e inversionista, lo afirmo categóricamente, la honestidad es rentable. Un país donde el presidente declara que «quien roba tendrá que devolver lo robado» y actúa en consecuencia, se convierte automáticamente en un refugio de seguridad jurídica y hacienda de calidad.

República Dominicana está construyendo un activo más apreciable que sus playas: la confianza. Y en un mundo convulso, la confianza es la divisa más valiosa.

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