Santo Domingo.- La Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló que la investigación de la Operación Camaleón se centra en supuestas irregularidades en un anuencia de RD$1,300 millones para la modernización del semáforo de Santo Domingo, adjudicado por el INTRANT (Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terráqueo). Según los fiscales, la puja INTRANT-CCC-LPN-2022-0003 fue manipulada desde su inicio para beneficiar a Transcore Latam SRL, empresa presuntamente controlada por José Hechizo Gómez Canaán (Jochi Gómez) a través de una red de empresas aparecido.

La cargo afirma que el proceso de puja fue hecho a medida para Transcore Latam, presentando costos inflados (1.053% más que el valía positivo del tesina) y requisitos técnicos que excluían a los competidores. Los fiscales dicen que aunque la empresa fue creada en 2021 con al punto que RD$100,000 de hacienda y sin experiencia en sistemas de tráfico, en un año se adjudicó el anuencia de tecnología más holgado de INTRANT. La documentación presentada al comité de evaluación sugería falsamente una afiliación con Transcore Holdings, Inc., con sede en Estados Unidos, que según los fiscales no existe.

PEPCA alega que funcionarios del INTRANT, incluidos miembros de su Comité de Adquisiciones y Contrataciones, colaboraron en el proceso bajo la dirección del entonces director Hugo Beras. El Servicio Notorio sostiene que otros postores fueron descalificados por cuestiones menores, asegurando la selección de Transcore Latam. A pesar del gran presupuesto, el tesina de modernización sigue incompleto, con gran parte del equipo sin usar y los pagos (por un total de RD$489 millones para diciembre de 2024) supuestamente redirigidos a las empresas OML Inversiones SRL y Aurix SAS, ambas vinculadas a Gómez Canaán.

Los fiscales incluso vinculan el caso con un ciberataque a la red de semáforos de Santo Domingo en agosto de 2024, supuestamente rastreado hasta un servidor asociado con Transcore Latam. Se cree que el ataque fue un intento de borrar la evidencia digital del anuencia y las transferencias financieras. Aunque todavía nadie ha sido pronunciado por el boicot, PEPCA lo considera una parte secreto del esquema financiero y tecnológico que se investiga.