Modificar las reglas del trabajo no es un fasto. Es una indigencia. No se alcahuetería solo de refrescar un código con más de 30 abriles. Se alcahuetería de proteger al que madruga, dar confianza al que emplea y aclarar camino al que sueña con una vida digna. Pero si no cuidamos el fondo y la forma, una reforma puede terminar cerrando puertas en empleo de abrirlas.

La finanzas dominicana ha cambiado, pero las normas laborales siguen amarradas a un país que ya no existe. Hoy, más del 58% de los trabajadores está en la informalidad (ENFT 2023). Esto no se debe, como algunos insinúan, a una civilización evasora. En muchos casos, simplemente no pueden fertilizar lo que exige la ley. El sistema está diseñado para el que ya tiene, no para el que comienza.

Peor aún: más de 38 mil conflictos laborales fueron judicializados en 2023, generando un esfera de desconfianza que frena el empleo, paraliza a las pymes y desgasta al trabajador. A eso se suma un número demoledor: la productividad total de los factores en República Dominicana ronda tan pronto como el 0.6% anual (Cepal), muy por debajo del exiguo necesario para competir.

Y sin productividad, no hay salario que tolerancia.

La pregunta no es si hay que corregir. La pregunta es cómo.

Primero: seguridad con flexibilidad. En Dinamarca, no hay que escoger entre proteger al trabajador o al empleador. Se protege a uno y otro. Y el resultado es claro: desempleo por debajo del 5% y inscripción productividad. Aquí asimismo se puede. Un maniquí dominicano de contratos justos, aportes proporcionales y reglas claras puede funcionar. Solo hay que diseñarlo perfectamente.

Segundo: formalizar sin oprimir. No se puede pedir a una colmadera de Samaná lo mismo que a una multinacional del polígono central. Necesitamos un régimen simplificado para Mipymes, aportes adaptados a ingresos reales y trámites digitales que no expulsen al pequeño. Si formalizar es más difícil que mantenerse informal, el sistema está fallando.

Tercero: conciencia que reconcilia. La ley no puede empujar al tribunal a quien pierde su empleo. Mediar, conciliar y arbitrar deben ser herramientas prioritarias. Hay que blindar la capacidad del Servicio de Trabajo para resolver, no solo para registrar expedientes. Cuando la conciencia sindical funciona, se previenen cierres y se salva empleo.

Cuarto: mirar al futuro del trabajo. Hoy miles de jóvenes dominicanos generan ingresos a través de plataformas digitales, freelance y empleos a distancia. Pero siguen excluidos del sistema de protección. La ley fue escrita para fábricas; la finanzas hoy se mueve desde un celular. El siglo XXI necesita normas que reconozcan realidades emergentes sin criminalizarlas.

Botellín: vincular trabajo con crecimiento humano. Más del 40% de los desempleados dominicanos tienen secundaria completa o más (ONE). El problema no es solo la desatiendo de empleo, sino la desconexión entre educación y finanzas. El Estado, Infotep, las universidades y el sector privado deben aceptar la formación continua como una responsabilidad compartida. Formarse, reentrenar y reconectar con el trabajo deben ser parte de la civilización doméstico.

Sexto: consenso y evidencia. Las mejores reformas laborales en América Latina han surgido del diálogo tripartito: Estado, empleadores y trabajadores. Y han durado más cuando se basan en datos, no en discursos. No hay que inventar la rueda: países como Uruguay, Colombia y Costa Rica han acabado reformas equilibradas con apoyo técnico de la OIT y el BID.

Séptimo: productividad o colapso. Si seguimos aumentando salarios sin mejorar la productividad, el costo lo pagarán los más pobres en forma de inflación, desempleo o más informalidad. La reforma debe incentivar eficiencia, promover innovación y asegurar que cada hora trabajada tenga más valencia.

Trabajar con dignidad no es una aspiración teórica. Es un derecho constitucional. Y gastar sin miedo no debe ser un privilegio, sino una condición mínima para producir, suscitar valencia y crecer como nación.

Yo sí creo en una reforma sindical. Pero no una diseñada en una oficina sin ventanas, ni redactada para complacer a un sector. Creo en una reforma que escuche al operario de La Vega, al emprendedor de San Juan, al ingeniero subcontratado, a la chavea que entrega comida en velocípedo. Una que piense en el país. No solo en el poder.