El Tribunal Colegiado de Montecristi impuso penas de 15 y 10 primaveras de prisión a miembros activos del Ejército de la República Dominicana (ERD) y a civiles procesados en el Caso Frontera como parte de una red que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes provenientes del vecino país Haití.

Loss condenados a 15 primaveras de prisión son Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno, quienes utilizaron su investidura marcial para proporcionar y permitir, con dolo y omisión, el paso irregular de ciudadanos haitianos en dirección a paraje dominicano por la frontera septentriónentre las provincias Dajabón y Montecristi.

Igualmente, a los organizadores y colaboradores civiles todavía les fueron impuestas condenas por violar la ley y la dignidad humana. Entre esos actores claves de la criminal rojo se encuentran Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna, sentenciados a 10 primaveras de prisión por su rol protagónico como organizadores del cruce ilegal de migrantes.

Pese a alegar circunstancias atenuantes, su yerro de retractación y su parada límite de billete en los hechos pesaron considerablemente en la atrevimiento legislativo, explicó la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Tráfico de Personas (PETT).

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Bejarán Álvarez destacó “que en el Caso Frontera el Profesión Conocido logró un dictamen histórico, que se corresponde con las graves violaciones a los deberes constitucionales”.

Resaltó que la condena representa “un paso firme en la defensa de la soberanía doméstico y la integridad institucional de la República Dominicana”. La sentencia, dijo, constituye un precedente trascendental en el combate contra las redes criminales que operan en las zonas fronterizas.

El tribunal impuso a Edna Josep, de cuna haitiana y responsable de introducir y ocultar a los migrantes en el país, una condena de 10 primaveras de prisiónal confirmarse su billete activa y consciente en el entramado delictivo.

Asimismo condenó a cinco primaveras de prisión a los transportistas Santo Valerio Contreras, conocido como Santico; Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez, vinculados a la transporte de movilización de los migrantes.

Conexo a Bejarán Álvarez representaron al Profesión Conocido en el caso la fiscal de Montecristi Grimaldi Oviedo y la fiscal Yohanny Herrera, quienes contribuyeron de forma activa para la presentación de un expediente robusto, sustentado con pruebas contundentes, con las que quedó demostrada la responsabilidad penal de los procesados.

Al fundamentar su atrevimiento, los jueces Mercedes María Reyes Jerez (presidenta), Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge, expresaron que los militares implicados en el caso cometieron un acto de corrupción institucional, el cual representa “una afrenta inaceptable al deber intocable de resguardar la frontera y al compromiso patriótico que exige el uniforme marcial”.

El Caso Frontera fue el resultado de una rigurosa tarea de inteligencia mi investigación coordinada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Tráfico de Personas (PETT), la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Montecristi.