Madrid.- El presidente del Gobierno castellano, el socialista Pedro Sánchez, anunció este miércoles un plan estatal de lucha contra la corrupción esmerado con la Ordenamiento para la Cooperación y el Incremento Económicos (OCDE), que incluirá una agencia de integridad pública independiente.

Sánchez lo anunció en una comparecencia en el Congreso de Diputados para platicar de un caso de presunta corrupción de antiguos altos cargos de su partido que supuestamente cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares de obras públicas.

Ese plan de varias medidas se ha preparado durante el postrero mes y el objetivo es situar a España a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, según dijo.

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La agencia es una propuesta planteada por el movimiento izquierdista Sumar, que forma con los socialistas el gobierno de coalición castellano y ha sido muy crítico con la posición de Sánchez y el Partido Socialista respecto a esa presunta corrupción.

El plan está dividido en cinco ejes para blindar los controles de prevención y persecución de la corrupción, introducir aplicaciones de inteligencia sintético en la plataforma de contratación del sector divulgado de modo que permita automatizar, optimizar y detectar “patrones anómalos o indicios de fraude».

Encima, se establecerán controles patrimoniales aleatorios para altos cargos. Asimismo se obligará a los partidos y las fundaciones con financiación pública superior a los 50.000 euros a realizar auditorías externas independientes, profundizando “en la transparencia de las donaciones además de financiación privada” y reduciendo el límite de la cometido de publicación de donaciones a 2.500 euros.

El segundo eje de medidas está centrado en proteger a los denunciantes de casos de corrupción, y se exigirá a las empresas disponer de canales internos para darles cauce.

En el tercer eje hay tres medidas destinadas a aumentar la capacidad del Estado para investigar, fallar y sancionar los casos de corrupción. Para ello se proponen secciones especializadas en delitos contra la compañía pública adentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados.

El cuarto se centra en la recuperación de los fondos adquiridos mediante la corrupción, “porque evidentemente no hilván con evitar, con castigar esa corrupción” según Sánchez, sino que “además hay que reparar el daño causado” y devolver a lo divulgado “lo que es de todos».

Con ese objetivo, el Gobierno aumentará los medios y la plantilla de la oficina de recuperación y trámite de activos y optimizará la coordinación con juzgados, fiscalías y la Fiscalía Europea.

El postrero es “el más enredado”reconoció Sánchez, y tratará de crear “una verdadera civilización de integridad” que impregne las administraciones públicas, “que movilice a la ciudadanía y que responsabilice además con ello al sector privado, a las empresas» con estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción o campañas de concienciación ciudadana.