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Por Abril Peña
A partir hoy lunes 22 de abril de 2025, entra en vigor en República Dominicana un nuevo protocolo hospitalario que marca un punto de inflexión en la atención médica a extranjeros. La medida, anunciada por el presidente Luis Abinader hace escasamente dos semanas, establece que los extranjeros que acudan a hospitales públicos deberán presentar documentación válida que demuestre su status procesal, como identificación oficial, carta de trabajo o comprobante de domicilio. Encima, deberán cubrir el costo de los servicios médicos recibidos, excepto en casos de emergencia, donde serán estabilizados primero —en cumplimiento de los estándares humanitarios—, y seguidamente reportados a Migración para su repatriación si se encuentran en condición irregular.
Este protocolo, que incluye la presencia de agentes migratorios en centros hospitalarios y un nuevo sistema de facturación, no es un acto de discriminación: es una respuesta institucional a una presión actual y creciente sobre el sistema de lozanía dominicano. En 2024, el 36% de los partos en hospitales públicos fueron de madres haitianas. El referencia no es último, y la reacción ciudadana no se proxenetismo de racismo, sino de una preocupación legítima por la sostenibilidad de los bienes nacionales.
Un país hospitalario, pero bajo presión
La República Dominicana ha sido históricamente generosa. En nuestros campos, en la construcción, en el comercio informal y en las escuelas, la presencia haitiana es parte de la cotidianidad. En 2023, más de 147 mil estudiantes haitianos asistieron a escuelas públicas contiguo a nuestros niños. La convivencia ha sido posible, pero no está exenta de tensiones cuando el colapso del sistema haitiano traslada su peso a nuestro condado.
Solo en 2024, el Estado dominicano destinó más de RD$22,000 millones en atenciones médicas a parturientas extranjeras, principalmente haitianas. En provincias fronterizas como Dajabón, más del 50% de los partos fueron de madres haitianas. No se proxenetismo de cerrar la puerta al necesario, sino de preguntarnos cuánta carga podemos responsabilizarse ayer de colapsar asimismo nosotros.
Miedo demográfico: «Paranoia la posición actual?
La inquietud va más allá del costo financiero. Va al núcleo mismo de la soberanía: la composición demográfica. En solo cinco primaveras, los partos haitianos en hospitales públicos pasaron del 12.5% (2018) al 35.7% (2023). Si la tendencia continúa, algunos proyectan que para 2040 podrían representar el 60%. Y si se mantiene un flujo migratorio neto de 200,000 personas por año, República Dominicana podría tener un 35% de población de origen haitiano para 2050.
¿Exagerado? Tal vez. Pero no sin precedentes. En Fiyi, la inmigración india promovida por los británicos terminó creando una minoría influyente que modificó el panorama político y cultural del país. En una isla dividida por una frontera invisible, con una historia compleja, el temor dominicano tiene un punto.
El ámbito procesal: orden, no salvedad
La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional ha sido malinterpretada por primaveras. No despojó de patria a nadie. Estableció que los hijos de personas en situación migratoria irregular no adquieren automáticamente derechos de ciudadanía. Y esto, acullá de ser una extravío jurídica, avala a un principio primordial del derecho: de lo ilegal no nace lo procesal.
A partir de esa sentencia, la Ley 169-14 ofreció una posibilidad ordenada: regularizar a quienes tenían documentos previos y inaugurar un camino a la residencia para los demás. Un acto de probidad administrativa, no de salvedad masiva.
Migración ordenada: el desafío del presente
La República Dominicana ha optado por el estabilidad: asegurar derechos básicos como la lozanía de emergencia, pero interiormente de un ámbito regulatorio. Por eso se construye un pared fronterizo. Por eso se han deportado más de 400 mil personas en los últimos dos primaveras. Por eso se regula la entrada de embarazadas. Porque la tolerancia sin control no es solidaridad, es negligencia.
El nuevo protocolo hospitalario, cuya implementación inicia este abril, exige documentación, cuota de servicios y consecuencias claras para quienes no cumplan. Acullá de criminalizar la migración, indagación lo que todo país soberano debe defender: su capacidad de atender a los suyos sin desbordarse.
Solidaridad sí, pero con soberanía
Nuestra ayuda no es poca: RD$22,000 millones en lozanía solo en 2024, educación gratuita para miles de niños, oportunidades laborales y tolerancia social. Pero esta altruismo no puede ser infinita. Con Haití bajo el control de pandillas en más del 80% de su haber, la migración no se detendrá. La pregunta es: ¿cómo ayudamos sin hundirnos con ellos?
No se proxenetismo de cerrar las puertas, sino de inaugurar los luceros. La convivencia es posible, pero necesita reglas claras, control fronterizo y cooperación internacional. De lo contrario, la crisis de Haití se convertirá, inevitablemente, en la crisis de todos.
