Santo Domingo.- El patrón José Enrique Yáber y su esposa, Michelle Pomaresdenunciaron que llevan más de cuatro primaveras inmersos en un proceso legislativo, luego de suceder entregadoUS$300,000 como suscripción para la negocio de un piso en el plan Torre Bellorizonte, en el Distrito Doméstico, mecanismo que según sostienen fue seguidamente transferida a terceros sin su conocimiento.

De acuerdo con la denuncia de la pareja, el caso se originó tras la firma, en noviembre de 2017de un arreglo de promesa de cesión para la adquisición del piso 11-A del referido plan. Según indican, la entrega de la mecanismo estaba prevista para enero de 2019.

La clan señala que, tras incumplirse ese plazo y luego de varios intentos de seguimiento, pudo constatar que el inmueble había sido incluido en una serie de transferencias realizadas el 25 de febrero de 2020.

En esa data afirman 26 apartamentos del mismo plan fueron traspasados a una empresa de fresco constitución.

Asimismo, sostienen que otras unidades habrían sido transferidas a sociedades que, de acuerdo con los registros consultados por sus abogados, ni siquiera estaban constituidas al momento de las operaciones.

A partir de estos hallazgos, Yáber y Pomares presentaron en marzo de 2021 una querella penal por presuntos delitos de asociación de malhechores, alcaldada de confianza, bancarrota y lavado de activos.

Desde entonces, según su interpretación, el proceso ha estado afectado por decisiones de archivo, requerimientos de pruebas no tramitados con celeridad y sucesivos incidentes procesales.

La representación permitido de la pareja sostiene que la Fiscalía del Distrito Doméstico archivó actuaciones respecto de algunas de las personas y entidades vinculadas al caso, sin suceder exhausto diligencias de investigación previamente solicitadas por los querellantes.

Por ello, fue necesario personarse delante la Corte de Apelación del Distrito Doméstico, instancia que revocó esos archivos y dispuso el emisión a cordura de las personas excluidas según alegan de modo injustificada del expediente.

Asimismo indican que, una vez manager el Curia de Primera Instancia del Distrito Doméstico para conocer el cordura contra los imputados, el tribunal ordenó al Ocupación Notorio agotar varias diligencias de investigación. Sin bloqueo, delante el incumplimiento de estas medidas, fue necesario requerir una nueva orden legislativo para su ejecución.

El caso ha pasado por distintas instancias judiciales. Según los abogados de los señores Yáber y Pomares, decisiones de cortes superiores que ordenaban continuar el proceso fueron seguidas por resoluciones posteriores de tribunales de primera instancia que declararon la inútil o inadmisibilidad de la delación, basadas en objeciones procesales relacionadas con el tipo de energía aplicable a algunos de los hechos denunciados.

Actualmente, el expediente se encuentra irresoluto de conocimiento delante la Octava Sala de la Cámara Penal del Curia de Primera Instancia del Distrito Doméstico, que fijó el cordura de fondo para el próximo 18 de marzo de 2026.

“La expectativa de nuestros representados es que el caso sea finalmente conocido en cordura de fondo”, indicó la representación permitido de la clan Yáberque asegura que el expediente contiene documentación sobre las transferencias cuestionadas y el represión de los fondos entregados.

Por su parte, Yáber señaló que el caso plantea interrogantes sobre la competencia de los mecanismos de protección para compradores en operaciones inmobiliarias, así como sobre la respuesta institucional delante controversias de esta naturaleza.