Tras completar su segundo mandato en 2015 como presidenta de Argentina, Cristina Fernández fue senadora y vicepresidenta de la nación.

Pero, sobre todo, se mantuvo como la principal líder política, con un significativo respaldo de grupos de izquierda, las centrales sindicales, sectores populares, intelectuales, artistas, profesionales liberales, gestores culturales y personas de los más variados estratos sociales identificadas con el movimiento peronista que ella encarna.

El proceso durante el cual Cristina fue condenada a seis primaveras de prisión y la proscripción perpetua para desempeñar funciones públicas podrá tener sus intereses políticos, pero evidencia que en Argentina, Perú, Panamá y otros países de la región los expresidentes se tocan, aunque se respeten.

No están, como en República Dominicana, por encima de las leyes. En escándalos como el de Odebrecht, para solo citar uno de una larga condena de bochornos, que cubrió los Gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina no solo a nadie de los tres ni siquiera se le interrogó, sino que como vergonzoso homenaje a la impunidad los sobornos que se pagaron para conseguir obras, y para colmo sobrevaluarlas, todavía permanecen impunes.

Cuando Jean Alain Rodríguez era procurador universal de la República se optó por un entremés, y en la trámite de Miriam Germán ni en la presente se ha movido una paja sobre los pagos irregularidades y las sobrevaluaciones.

Ni los dioses del Olimpo vivían con tanta impunidad como los expresidentes y la clase política en República Dominicana. En ese aspecto este país es lo que más se parece a un paraíso. Nadie se sorprendería -e incluso se teme- si colapsan los escándalos de corrupción que se conocen en los tribunales, porque tal parece que los sometimientos han sido más con el propósito de ahorrar las apariencias que de establecer rectitud. Y esa duda se explica con la ley de Agonía de dominio, que posteriormente de insistirse en su aprobación, se ha engavetado en lo que se sanciona su ley orgánica.

Cristina Fernández no ha sido la única sentenciada por beneficiarse de posibles públicos durante su gimnasia. El conservador expresidente panameño Ricardo Martinelli se asiló en Colombia tras ser condenado a 10 primaveras de prisión por corrupción, y en Perú todos los expresidentes, con alguna excepción, están tras las rejas ya sea por soborno, conflicto de interés, ganancia ilícito o lavado de activos.

Luego de la triste y macabra comedia contra Salvador Jorge Blanco, la verdad ha demostrado por aquí, que ya sea por la carencia de una rectitud independiente o por arreglos políticos los expresidentes son intocables.