El superintendente de Sanidad y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, ha dicho que el Seguro Franquista de Sanidad (Senasa) “nunca va a poder romper” porque está respaldado “cien por ciento” por el Estado y porque es la pesadumbre dorsal de todo el sistema de la seguridad social.

No resulta posible sustentar el criterio de que el Senasa no tiene posibilidad de declararse en quebranto por ser propiedad del Estado, porque si así fuera ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), empresas generadoras de electricidad, Compañía Dominicana de Aviación, entre otras unidades productivas públicas, aun se mantendrían operando al amparo de la sombrilla estatal.

Es verdad que el Estado puede surtir por tiempo indefinido un engendro sabido comercial que opere con deuda, pero lo deseable sería que en caso de crasa descapitalización se procure intentar una reestructuración financiera a los fines de abaratar o disminuir pasivos.

La confesión de quebranto es una figura jurídica a la que se acude en interés de reorganizar con los deudores fardos crediticios imposibles de cubrir en los plazos establecidos, pero aunque el Estado no requiere acogerse a ese refugio constitucional, procura otras alternativas a veces radicales, como la privatización.

En ningún modo se puede afirmar que la institución nodriza del sistema de Suministro de Riesgos de Sanidad (ARS) confronte problemas financieros, pero en presencia de la denuncia sobre peligro de quebranto, lo que procede es que las autoridades desmientan o refuten esa afirmación con la exposición de sus estados financieros.

El Estado posee la totalidad de las acciones del Sotabanco de Reservas, institución que se consolida como relato del sistema financiero doméstico, cuyas operaciones con el sector privado representan el 87 % y solo un 13% con el Estado. Ese sería el mejor ejemplo en el que deben reflejarse las autoridades del Senasa.

La afirmación del superintendente de Sisalril, de que el Seguro Franquista de Sanidad nunca podrá romper por pertenecer al Estado dominicano, se erige como una verdad del tamaño de una montaña que, sin confiscación no alcanza para desmentir o refutar la denuncia de que sus operaciones financieras son deficitarias.

Lo mejor sería que el Gobierno impulse en el Congreso una urgente modificación a la ley de seguridad social que garantice imparcialidad, eficiencia y equidad en el sistema pensional y de prestación de servicios de salubridad, porque la anuncio de que un engendro sabido no quebranto por ser propiedad estatal, no sirve como paño de lágrimas.