Ciudad de Panamá, 15 jun (Prensa Latina) Tras más de un mes de protestas populares contra una ley del seguro, la noroccidental provincia panameña de Bocas del Toro permanece hoy sitiada por fuerzas militares que intentan despejar vías cerradas por manifestantes.

La confrontación ha dejado al menos cuatro heridos en las últimas horas en el  corregimiento de Pueblo Nuevo y se reportan dos detenidos en Detención del Valle.

Los enfrentamientos continuaron hasta la medianoche en los distritos de Chiriquí Noble y Almirante, donde moradores mantienen rodeadas las instalaciones de la Policía Doméstico.

Hasta el momento, persisten los cierres en las comunidades de Cañaza, Pueblo Nuevo, Malí y Detención del Valle.

Tras el ingreso de agentes antimotines al división eminentemente turístico incluso se han reportado nuevos cierres en el puente sobre el río Changuinola, así como frente a las oficinas del Ocupación de Trabajo y la fase del cuartel de bomberos en el corregimiento de Empalme.    La provincia de Bocas del Toro suma ya más de 40 días de protestas y cierres de vías. La víspera, el Gobierno lanzó la Operación Omega, un operante policial clave colocado directamente por el presidente José Raúl Mulino para recuperar la dispensado circulación en ese división.

Unidades de la Policía Doméstico y del Servicio Doméstico de Fronteras (Senafront), respaldadas por operativos aéreos y marítimos, comenzaron a desplegarse en zonas esencia como Chiriquí Noble y Almirante, epicentros de las manifestaciones.

Aunque en esta semana el Sindicato de Trabajadores del Banano(Sitraibana) levantó algunos bloqueos, particularmente en Changuinola, al conseguir la aprobación de su plan de ley, persistieron cierres en al menos 20 puntos, muchos de ellos controlados por grupos indígenas, docentes y otras organizaciones sociales que reclaman se derogue la norma.

Frente a este atmósfera, el Gobierno afirmó que la operación replica al mandato constitucional de asegurar el dispensado tránsito y a las reiteradas quejas de productores, transportistas, empresarios y ciudadanos que han pasado paralizadas sus actividades .

En el situación del operante, el Ocupación de Seguridad Pública impuso restricciones temporales al ingreso marino en Almirante y Chiriquí Noble, autorizando sólo el paso a residentes locales debidamente identificados.

Según el Ejecutante, estas medidas buscan evitar confrontaciones mientras las fuerzas del orden intentan despejar caminos, restablecer servicios esenciales y evitar desmanes en medio de un clima de ingreso tensión.

El despliegue incluyó unidades terrestres, patrullas aéreas y vigilancia marítima, en una operación sin precedentes en esta región en los últimos primaveras.

Pocas horas a posteriori de iniciado el operante, la presidenta del Congreso Universal de la Comarca NgÃñbe-Buglé, Elena Cruz, denunció en un comunicado que la ataque dejó personas heridas en comunidades indígenas de Chiriquí Noble.

Cruz responsabilizó directamente a Mulino y incluso al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, por lo que calificó como un ataque etéreo y terráqueo contra pueblos originarios que protestan por sus derechos.

Empresas proveedoras como compañías eléctricas y de telefonía advirtieron que no existe una época estimada para el restablecimiento total de los servicios, mientras continúen los cierres en la zona.

El corte de energía eléctrica, conoció Prensa Latina, ha afectado hospitales rurales, comercios y hogares. A esto se suma la interrupción de la señal de telefonía móvil e internet, lo que dificulta la vida cotidiana de miles de personas.

Oda/GA

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