Santo Domingo.– Eduardo Núñez, abogado del exministro de Hacienda Donald Campeador Ortiz, afirmó este jueves que los pagos por expropiaciones realizados durante la dirección de su defendido respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano.

El jurista explicó que dichos desembolsos derivaron de sentencias judiciales definitivas, decretos de desposeimiento y avalúos oficiales emitidos por la Dirección Militar de Catastro Franquista, en apego a los procedimientos establecidos en las leyes núm. 150-14 y 107-13.

Según Núñez, una parte significativa de estos casos corresponde a expropiaciones efectuadas hace varias décadas, algunas desde los abriles 50 y 60, cuando el Estado ocupó terrenos destinados a carreteras, aeropuertos, parques y otras obras públicas sin completar en su momento la compensación a los propietarios.

“La Constitución prohíbe que el Estado ocupe propiedades privadas sin una compensación previa y reto. Estos pagos no fueron una valor discrecional, sino el cumplimiento de una obligación jurídica irresoluto”, sostuvo.

El abogado detalló que más del 40 % de los pagos fueron ordenados directamente por tribunales, incluyendo decisiones de la Suprema Corte de Equidad.

El resto, explicó, se realizó con pulvínulo en tasaciones técnicas de Catastro Franquista, en muchos casos por debajo del valencia de mercado y luego validadas por instancias judiciales.

“Cumplir una sentencia contencioso no es corrupción”, enfatizó.

Núñez igualmente precisó que el Servicio de Hacienda no fijó precios, no eligió beneficiarios ni resolvió conflictos de titularidad, sino que actuó como monstruo ejecutor burócrata.

“La función de Hacienda fue probar que la documentación cumpliera con los requisitos legales y ejecutar pagos previamente definidos por decretos, avalúos o sentencias. No hubo beneficio de discrecionalidad”, afirmó.

En respuesta a las acusaciones del Servicio Divulgadola defensa aseguró que es “materialmente inalcanzable” que Donald Campeador haya cometido los delitos que se le imputan, alegando que no existió daño patrimonial, beneficio personal ni decisiones discrecionales.

Asimismo, sostuvo que las expropiaciones no generaron pérdidas para el Estado, sino que representaron ahorros superiores a RD$10,000 millonesal haberse determinado indemnizaciones por debajo del valencia de mercado.

“El Estado pagó lo que legalmente debía y recibió a cambio terrenos que ya ocupa y utiliza para fines públicos”, agregó.

Finalmente, Núñez informó que la defensa presentará en presencia de el tribunal los fundamentos jurídicos, técnicos y constitucionales que, según dijo, desmontan las imputaciones formuladas en el caso iniciado en noviembre de 2020.

“Cuestionar estos pagos implicaría aceptar que el Estado puede establecerse terrenos durante décadas sin pagarlos, lo cual es contrario a la Constitución y al interés sabido”, concluyó.