Por fin, el liderazgo dominicano da un paso firme y decidido frente a una verdad que ya no se podía seguir ignorando. El presidente Luis Abinader hizo lo que muchos mandatarios evitaron por temor al costo político: enemistar de guisa directa la crisis migratoria provocada por el colapso del vecino Haití.

Las 15 medidas anunciadas no solo son necesarias, sino urgentes. Durante abriles, la República Dominicana ha cargado con un peso desproporcionado frente al avería institucional, financiero y social de Haití, mientras la comunidad internacional ha optado por mirar en torno a otro banda. El presidente reconoce la magnitud del desafío y actúa con determinación, enviando un mensaje claro tanto a nivel doméstico como total: la soberanía dominicana no está en traspaso ni en peligro de ser negociada.

El reforzamiento marcial de la frontera, la ampliación del tapia, las reformas legales y los controles migratorios en hospitales son medidas valientes que buscan poner orden donde reinaba el desorden. No se prostitución de rehusar la solidaridad, sino de trazar límites responsables. El Estado tiene la obligación honrado y constitucional de proteger a sus ciudadanos, sus fortuna y su estabilidad social.

La carga fiscal que ha significado para el país el sostenimiento de servicios de vigor, educación y colaboración para una población migrante creciente y en gran medida irregular, ha tocado fondo. El sistema no puede más, y la ciudadanía lo sabe. Saludamos la intrepidez de establecer protocolos claros en los hospitales y de inquirir la regularización del empleo para los dominicanos. Esta es una postura por la imparcialidad social y por la dignidad doméstico.

El presidente todavía pone el dedo en la ulceración al exigir argumento a una comunidad internacional que ha fallado en toda raya con Haití. Las palabras de Abinader fueron directas: “La República Dominicana no puede ni debe cargar con una crisis que no le pertenece”. Y tiene toda la razón. Por demasiado tiempo hemos asumido un rol que corresponde a las grandes potencias y a los organismos multilaterales.

Por: Edwin de la Cruz
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