Por DAMARIS SUAREZ

SAN JUAN.- Juan, nombre ficticio de adolescente de cuna dominicana, se dirigía a su trabajo el pasado marzo en el radio de Cupey y al lograr fue interceptado por agentes del ICE.

Como estaba manejando, le pidieron su identificación y al darle la osadía de conducir para las personas que no tienen un status regularizado, lo arrestaron. No solo se llevaron a Juan, sino además a dos personas que le acompañaban en el coche, uno de ellos, con ciudadanía estadounidense.

Ni la abogada supo dónde lo tenían detenido. No fue hasta que Juan pudo aldabear a su religiosa que reside en República Dominicana que se enteraron de que estaba en Aguadilla.

Esta se comunicó para informar que el adolescente quería una salida voluntaria.

Aunque en esa señal le informaron que gestionarían delirio en el ferry, en cuestión de días, el inmigrante le informó a su religiosa que lo iban a trasladar al Centro de Detención de Laredo en Texas.

A pesar de que un enjuiciador de inmigración había concedido su salida voluntaria para en o ayer del 17 de abril, fue trasladado desde Texas a República Dominicana el 27 de abril.

OTRO CASO

A Jacinto (nombre ficticio) le chocaron el carro un jueves mientras transitaba adjunto a su grupo por la avenida Monserrate en Carolina, Puerto Rico.

En circunscripción de tomarle la querella en ese circunscripción, el policía municipal lo llevó al cuartel de Sabana Debajo donde lo interrogaron sobre su status migratorio, y sin darle tiempo a mostrar los documentos que tenía en su casa, lo arrestaron.

El municipal, desde el cuartel, dijo que debía alertar a oficiales de inmigración de Estados Unidos sobre la detención del dominicano residente en Puerto Rico.

La pareja de Jacinto, que llegó al cuartel a soportar los documentos que el padre de su hija tenía en el hogar, aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el agente le dijo que su placa estaba en encaje si no informaba a inmigración sobre la presencia de un inmigrante sin documentos.

Hasta el lunes de la semana pasada, el incidente no aparecía registrado en los récords de la Policía municipal ni se le había asignado un número de querella al azar de tránsito, por lo cual la mujer dijo que presentó una querella administrativa contra el agente con la única información que tenía: se apellida Aponte y su número de placa es el 551.

El CPI llamó al cuartel de Sabana Debajo para indagar detalles con el agente, pero se indicó que no se encontraba. Se solicitó una entrevista con el inspector Rubén Moyeno García, patriarca de la Policía Municipal de Carolina, pero no hubo respuesta.

Pedro (nombre inexacto para proteger su identidad) fue interceptado a una cuadra de su residencia en Hatillo por una patrulla de la Policía puertorriqueña.

El agente le preguntó por sus documentos, y unos minutos luego, aparecieron dos agentes federales de inmigración y lo arrestaron en medio de la calle. Ahora se encuentra en el Centro de Detención Krome en el estado de Florida.

«El Estado está cooperando. ¿Cómo van a aprender dónde vive si no es por su osadía de conducir?», cuestionó su abogada María del Rosario García Miranda en remisión a casos como el del inmigrante detenido por una patrulla de la Policía de Puerto Rico cuando salía de su residencia.

Este tenía osadía y recientemente la había renovado con su dirección presente, confirmó la jurista.

LA LICENCIA DELATORA

Desde 2013, las personas que no tienen un status migratorio definido en Puerto Rico pueden obtener una osadía de conducir provisional. La Ley 97 que habilitó esta osadía fue firmada durante la establecimiento del exgobernador Alejandro García Padilla. El Unidad de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mantiene los datos de estas licencias en un registro.

La cooperación de la Policía de Puerto Rico y las policías municipales con los agentes de inmigración es una de las maneras en las que el Gobierno de Puerto Rico colabora con las agencias federales en las intervenciones contra inmigrantes en Puerto Rico, tal y como confirmó la agente distinto a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Franquista (HSI, en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González en una entrevista al medio NPR.

«El Gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que pedimos. Y nosotros hemos solicitado eso (la tira de personas con status migratorio no definido que tienen osadía de conducir) para poder cumplir con nuestra ocupación. Estamos esperando»

Sin retención, la tira de estos conductores fue entregada por el Gobierno de Puerto Rico a la Oficina de Inmigración federal, dijo el pasado miércoles Yariel Ramos, agente distinto de HSI en la isla, durante una entrevista en el software Primera Pregunta.

«El DTOP maneja la información bajo su custodia de forma responsable y conforme a las leyes aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad externa, y seguimos operando interiormente del situación normativo válido», explicó Edwin González Montalvo, secretario del DTOP el 18 de febrero a El Nuevo Día. El pasado jueves la agencia federal certificó a ese medio que la tira de inmigrantes con osadía de conducir la obtuvieron entre febrero y marzo pasado. El DTOP dijo que entregaron la información luego de percibir un subpoena.

Por su parte, la Oficina del HSI en Puerto Rico dijo al CPI en unas escuetas declaraciones escritas que «las autoridades locales nos apoyan en nuestras investigaciones criminales» sin especificar si estos operativos que culminan en detenciones administrativas, son considerados o se derivan de alguna investigación criminal. Aunque se solicitó, no identificaron cuáles son las agencias o instrumentalidades de Puerto Rico que les ofrecen apoyo y qué tipo de colaboración reciben.

CONVENCIDOS DE QUE COLABORAN

«Ahora están en la calle todos los días. Obviamente sí, esporádicamente o de acuerdo al procedimiento, (ayer) se hacían operativos, pero no es como se está haciendo ahora que es todos los días», dijo la profesora García Miranda, encargada de inmigración en la Clínica de Protección Judicial de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

La abogada narró el caso de una persona que recibió una señal del Unidad de Honestidad de Puerto Rico preguntando información personal oportuno a que estaban «recopilando datos actualizados de las víctimas de delito». La abogada le asesoró que no diera la información.