Por Raúl Germán Bautista.- La semana pasada, N Investiga expuso una denuncia presentada en presencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por parte de dos regidores, quienes acusan al corregidor de La Romana, Eduardo Kery Metivierpor presuntas irregularidades en contratos de peones, la mayoría de ellos haitianos indocumentados, pagos informales en efectivo y violaciones en procesos de puja.

El Pepca ha recibido más acusaciones, entre ellas la de una empresa de convento y traslado de desechos sólidos que asegura activo sido desplazada ilegalmente, a pesar de activo manada una puja formal.

Según el prueba, el corregidor justificó la creación de brigadas municipales para cosechar basura con la excusa de no encontrar personal dominicano dispuesto a trabajar. Sin bloqueo, la compañía que ganó la puja sostiene que su equipo estaba acondicionado y fue apartado con “demasía de poder, premeditación y perfidia”.

Estas nuevas denuncias podrían robustecer las investigaciones en curso contra el corregidor Metivier, mientras crece la presión pública y política por viejo transparencia en la delegación municipal de La Romana.

Tan pronto como un día luego de juramentarse, el corregidor Eduardo Kery Metivier autorizó una contratación millonaria. El 24 de abril de 2024, Eduardo Kery Metivier asumió como corregidor de La Romana. Solo 24 horas luego, el 25 de abril, bajo la sesión extraordinaria 05-2024, autorizó la contratación de un camión compactador maniquí R-11, nuevo, de cero kilómetros y con capacidad de 11 yardas cúbicas. El transporte, con un rendimiento de 3 a 5 horas diarias, fue contratado por RD$4.7 millones.

Te puede interesar: Carreras clandestinas en RD: Corredores callejeros desafían imperio de la ley

La audacia se tomó pese a que seguía actual otro anuencia millonario.

En julio de 2023, la empresa Peters Total Management Services SRL había manada una puja (AMR-CCC-LPN-2023-0001) para traspasar 12 camiones compactadores —10 operando y 2 en reserva— por un valía de RD$4.55 millones mensuales y una vigencia de cuatro primaveras. El anuencia fue firmado el 3 de agosto de 2023. Su representante, Michael Rafael Peters Dalmaucalificó de sospechosa la incorporación de nuevos camiones escasamente 48 horas luego del cambio de mando.

Peters denuncia que los camiones nuevos ya estaban rotulados ayer de la contratación.

“El 27 de abril ya los camiones estaban rotulados. ¿Qué patrón entrega 10 camiones nuevos con un anuencia de escasamente 30 días?”, cuestionó Peters en un video.

Ese mismo día, el corregidor apareció en una transmisión en vivo unido a una munícipe, asegurando que el anuencia con Peters había finalizado. Dos días luego, la Alcaldía publicó la operación de 22 camiones compactadores para labores de fregado urbana.

La contratación se justificó con un estado de aprieto.

Según Peters, el corregidor llevó al concejo municipal la propuesta de determinar un estado de aprieto, lo que permitió una contratación directa por RD$4.7 millones. Para ese momento, 20 camiones estaban operando: 10 de Peters Total y 10 de la nueva empresa contratada.

El corregidor cuestionó públicamente la eficiencia de los camiones de Peters Total.

En declaraciones públicas, Eduardo Kery Metivier afirmó activo certificado por ocho días que los camiones de Peters no ingresaban al vertedero. Sin bloqueo, el 13 de junio de 2024, Alejandro Ferreira, director de Aseo y Barrido del cabildo, desmintió esas afirmaciones.

“El anuencia de Peters se cumple. Todos los días nos entregan 10 camiones”, declaró Ferreira a un periodista recinto.

Al día ulterior, Ferreira cambió su interpretación.

El 14 de junio, la Dirección de Comunicación de la Alcaldía difundió otro video donde Ferreira se retractaba, alegando que fue sorprendido por el periodista en su centro de trabajo. “No fue una entrevista monopolio, y en ningún momento hablé del compromiso entre Peters Total y el Cabildo”, declaró.

Peters denunció presión, amenazas y obstrucción.

El patrón afirmó activo recibido presiones para rescindir el anuencia, incluyendo amenazas con litigios. Todavía denunció obstrucción operativa, como la imposibilidad de lograr al vertedero, y agresiones a sus camiones.

“Nos lanzaban piedras, dañaron vehículos. Se lo comunicamos al corregidor y a los regidores, pero no autorizaron seguir botando en el dominio usual”, explicó Peters.

El 7 de agosto de 2024, el anuencia fue rescindido unilateralmente.

La Alcaldía justificó la rescisión alegando un supuesto hucha de RD$210 millones en cuatro primaveras con la operación de camiones propios, tomando en cuenta una vida útil estimada de 13 a 14 primaveras.

Peters sostiene que la operación municipal directa no es viable: “Tuvimos que prestar camiones al nuevo corregidor durante la transición porque los dejó dañados”.

Sin notificación formal, acudió a la equidad.

El 9 de agosto, Peters notificó vía acto de alguacil la solicitud de explicación por la abolición del anuencia, sin admitir respuesta. Logró una medida cautelar que obligaba a la Alcaldía a sufragar RD$10,000 diarios por incumplimiento. Sin bloqueo, la medida fue levantada por prescripción, audacia que Peters impugna mostrando evidencia de error de notificación válida.

“El alguacil se retractó, dijo que fue engañado y que nunca notificó el acto donde debía”, indicó el patrón.

LA DENUNCIA LLEGÓ AL PEPCA.

El 28 de abril de 2025, Peters formalizó su denuncia en presencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusando al corregidor de violar el oportuno proceso oficinista, la Ley de Compras, y cometer prevaricación y demasía de poder.

“Lo que espero del Pepca es que investigue. Tenemos pruebas de que el corregidor ignoró los actos de alguacil. La rescisión no es procesal”, afirmó Peters.

Según Peters, el corregidor sondeo manejar directamente la retribución, la operación de combustible, llantas y otros aspectos de la flotilla, lo que considera cuestionable. “Quiere el control total de la operación y del cuartos que eso implica”, advirtió.

Peters lamentó que al menos 50 familias quedaron sin sustento por la abolición abrupta. “Prometimos estabilidad por cuatro primaveras, y de un día para otro tuvimos que liquidarlos a todos”, afirmó.