Punta Cana, RD. Al menos 18 allanamientos fueron realizados de forma simultánea por la Policía Franquista en diferentes regiones de Panamá, según denunció el Sindicato Único Franquista de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). Estas acciones, dirigidas contra dirigentes sindicales y sus familiares, resultaron en la detención de cuatro miembros de la Dirección Franquista del sindicato.

Los hechos fueron interpretados como un acto de persecución política, impulsado por la Fiscalía con el respaldo del Ejecutante. El activo coincide con la billete activa del Suntracs y del Frente Franquista por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) en protestas recientes contra la reforma del sistema de pensiones y un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, considerado una amenaza a la soberanía franquista.

Entre los arrestados figura Abdiel Betancourt, miembro de la asamblea directiva del Suntracs. Por otra parte, se reportó que familiares de otros líderes sindicales fueron blanco de los allanamientos, como la esposa e hija de Jaime Caballeroso, actualmente preso en La Dije, y la hija de Saúl Méndez, exsecretario normal del sindicato, quien permanece desterrado tras cobrar amenazas.

Desde el movimiento sindical se advierte que estas acciones no son casos aislados, sino parte de una ataque política, procesal y mediática orientada a debilitar al movimiento artesano. Tanto Frenadeso como el Movimiento Comunal Franquista Federico Britton sostienen que se alcahuetería de una organización sistemática que combina represión de clase con actitudes misóginas y autoritarias.

En este contexto, el Suntracs responsabilizó directamente al presidente José Raúl Mulino, al ministro de Seguridad Frank Ábrego, al procurador normal Javier Caraballo y a la Fiscalía por lo que consideran una violación sistemática de los derechos humanos. Los colectivos denunciantes asimismo hicieron un llamado a la comunidad internacional, especialmente a los organismos de derechos humanos, para que se pronuncien frente a lo que califican como una ascensión represiva contra el movimiento sindical.

Finalmente, las organizaciones exigieron la exención inmediata de los detenidos, el fin de los operativos y garantías reales de no repetición, en medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno panameño y los sectores populares movilizados.

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