Santo Domingo.- La Procuraduría Caudillo de la República recibió este martes una querella penal formal contra ex y actuales directores de la Administradora de Riesgos de Vitalidad (ARS) SENASAacusados de supuesto lavado de activos, estafa y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Reincorporación Tecnología.

La actividad lícito fue presentada por la Convergencia Doméstico contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Honradezquienes aseguran que los hechos comprometen miles de millones de pesos y ponen en peligro la cobertura médica de más de 7,500 afiliados.

Miguel Surún Hernández, representante de las organizaciones querellantes, afirmó que el expediente detalla una presunta sustracción fraudulenta de aproximadamente RD$9,059 millones, a través de un entramado que simulaba prestaciones médicas y farmacéuticas ficticias, adicionalmente de contrataciones irregulares de servicios de atención primaria.

“Hemos acudido hoy a la Procuraduría Caudillo de la República a interponer formal querellamiento penal contra ex y actuales directores de la ARS SENASA por la sustracción fraudulenta de aproximadamente nueve mil cincuenta y nueve millones de pesos, mediante un entramado dedicado a fingir ficticias prestaciones médicas y farmacéuticas y, adicionalmente, mediante la supuesta contratación de cobertura de atención primaria”, dice Miguel Surún Hernández.

Surún agregó que, por la solemnidad, complejidad y monto envuelto en las supuestas irregularidades, es imprescindible que las investigaciones incluyan al exdirector de SENASA, Santiago Hazim.

“Por solemnidad, complejidad y el monto, envuelto en las irregularidades, cometidas es imprescindible incluir en el interior de las investigaciones al pasado director Santiago Hazim, pues los graves hechos que se les imputan se encuentran tipificados por los artículos 123, 124, 147, 148, 150, 151, 175, 176, 265, 266, 405, 406 del Código Penal de la República Dominicana; artículos 14 y 15 de la ley 53-07 sobre delitos de reincorporación tecnología, en perjuicio de 7,500 cuya cobertura ha quedado en peligro”.