Santo Domingo. Delante el anuncio del ministro de hacienda y Heredad de presentar un esquema de ley para “modernizar” la administración tributariavarias organizaciones reiteran la disposición de la realización de un Pacto Fiscal previamente consensuado por vía del Consejo Crematístico y Social (CES), con la finalidad de estudiar, discutir todo lo relativo a la cuestión fiscal.

en ese sentido, las entidades saludan cualquier iniciativa orientada a mejorar la competencia y eficiencia del sistema fiscal y a proporcionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin bloqueo, afirman que necesario precisar con claridad el resonancia existente de lo anunciado, garantizando el respeto a los derechos y orientando las decisiones en torno a el aseguramiento de la imparcialidad social.

De acuerdo con el contenido divulgado públicamente por el ministro, en una reunión con la cúpula empresarial, su despacho no pretende realizar una reforma fiscal, sino cambios administrativos y la aniquilación de impuestos anacrónicos que no han sido especificados.

Entre las entidades participantes están: Asociación Ciudad Alternativa, CA, Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Franquista y Santo Domingo (Acadisando), Asociación de Personas con Discapacidad Fiscomotora, ASODIFIMO, Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Explicación (Cepatode), Centro de Investigaciones para la Batalla Femenina, CIPAF, Centro de Solidaridad para el

Asimismo, todavía participan Explicación de la Mujer, Ce-Mujer, Centro Integral para el Explicación Tópico, CIDEL, Club María Auxiliadora, Coalición por la Seguridad Social Digna, CSSD, Comité de Explicación Comunitario 27 de Febrero (Codecofe), Comité de Explicación Comunitario Mejoramiento Social, Comité de Explicación Colina del Chivo, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA entre otros.

Manifestaron que, este camino no es tolerante, contradice compromisos políticos asumidos por el gobierno y desconoce lo establecido en la Organización Franquista de Explicación (END-2030), que obliga a discutir este tema crucial de cara a la sociedad.

Cuando el ministro adelanta y comparte con la cúpula empresarial la intención del gobierno de producir “una reforma administrativa y de administración tributaria orientada a simplificar procesos, digitalizar procedimientos y eliminar algunos tributos considerados obsoletos”, se vulnera la carta que establece la aprieto de un Pacto Fiscal.

Reiteran que, organizaciones de la sociedad civil, que una reforma administrativa tributaria podría mejorar el funcionamiento del sistema, pero no modifica la estructura de los ingresos públicos ni corrige los desajustes estructurales crónicos del sistema fiscal dominicano.

Por esta razón, desde la sociedad civil advertimos que si el esquema de ley mencionado por el ministro de Hacienda y Heredad se limita a lo anunciado, estaríamos repitiendo “más de lo mismo”, imponiendo ajustes administrativos parciales que no enfrentan las causas profundas de la crisis fiscal ni los desajustes estructurales del sistema socioeconómico dominicano.

El aumento de las capacidades recaudatorias del Estado y la posición de medios financieros gubernamentales que permitan forjar nuevas capacidades para la finanzas dominicana, orientadas a políticas públicas que fortalezcan derechos y promuevan imparcialidad social, como garantiza nuestra Constitución, no puede estar al beneficio de un Pacto Fiscal consensuado entre la ciudadanía, el gobierno y el patronal.

Por ello, respondemos a las afirmaciones y propuestas adelantadas por el ministro y el gobierno, tras acaecer sido puestas en popular al beneficio de la sociedad, como establecen la ley y la Constitución de la República, señalando lo próximo:

1. Eliminar algunos impuestos no resolverá el problema fiscal dominicano

La propuesta del ministro de Hacienda y Heredad no enfrenta el hecho de que el país tiene uno de los índices más bajos de presión fiscal de la región. Eliminar algunos tributos considerados anacrónicos puede tener sentido desde el punto de aspecto funcionario, pero no constituye una transformación del sistema fiscal capaz de contraponer los desequilibrios tributarios que existen desde hace décadas y que fueron reforzados por los tratados de redimido comercio.

El definitivo problema fiscal dominicano radica en factores estructurales mucho más profundos:

• El enorme barriguita de exenciones fiscales corporativas e institucionales.
• Los altos niveles de despreocupación y elusión tributaria.
• La muerto tributación sobre la riqueza y la propiedad.
• La dependencia excesiva de impuestos al consumo.
• La muerto calidad del pago divulgado en la aplicación del presupuesto anual consolidado del Estado dominicano.

Mientras estos problemas no sean abordados de forma profesional y estructural, las finanzas públicas seguirán enfrentando debilidades profundas.

• Digitalización y modernización administrativa

La digitalización de procesos, la automatización de exenciones fiscales y el fortalecimiento de la nota electrónica pueden contribuir a mejorar la eficiencia. Sin bloqueo, estas iniciativas solo forman parte de una reforma administrativa y de administración tributaria.

Podrían representar mejoras operativas, pero no transformarán la estructura tributaria ni redefinirá la relación entre ingresos públicos, pago divulgado, deuda pública y sostenibilidad fiscal. El país necesita no solo una despacho más moderna, sino un sistema tributario más acoplado, equitativo y progresivo.

• El definitivo problema fiscal: exenciones y despreocupación

La estructura de ingresos del Estado dominicano se encuentra debilitada por dos factores principales: las exenciones fiscales masivas y los altos niveles de despreocupación tributaria.

Mientras la mayoría de la población paga impuestos al consumo en cada transacción, numerosos sectores económicos cuentan con regímenes especiales de incentivos fiscales que reducen significativamente la cojín tributaria. A esto se suma una despreocupación considerable en impuestos esencia como el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto a la Transferencia de Intereses Industrializados y Servicios (ITBIS).

Estos factores explican gran parte de la muerto presión fiscal del país, debilitando estructuralmente las finanzas públicas.

• Rechazo a nuevas amnistías fiscales

Desde la sociedad civil expresamos nuestro contundente rechazo a la posibilidad de incluir una nueva gracia fiscal en el esquema de ley anunciado.

En las últimas dos décadas el país ha constante cuatro amnistías fiscales, justificadas bajo el argumento de ampliar la cobro y regularizar contribuyentes. Sin bloqueo, la experiencia demuestra que estas medidas terminan debilitando la civilización tributaria, premiando a quienes incumplen sus obligaciones y reforzando lógicas rentistas en detrimento de lo divulgado.

Una nueva gracia fiscal enviaría la señal de que la despreocupación puede ser seguidamente perdonada por valor política. La República Dominicana no necesita más amnistías fiscales; necesita robustecer el cumplimiento tributario, aplicar un régimen efectivo de consecuencias contra la despreocupación y construir una verdadera civilización de corresponsabilidad fiscal.

• El debate fiscal todavía debe incluir el pago divulgado

La ciudadanía tiene derecho a preguntarse:

¿Por qué el pago divulgado continúa dominado por el pago corriente?
¿Por qué el empleo político sigue expandiéndose?
¿Por qué la deuda pública continúa aumentando?

El país necesita una discusión transparente sobre la calidad del pago divulgado, los planes de pago de cada servicio y la asignación presupuestaria basada en el cumplimiento de sus planes institucionales.

Asimismo, el anuncio del aumento de la inversión pública como organización de crecimiento crematístico no puede desligarse de la discusión sobre la eficiencia del pago y la sostenibilidad fiscal. Incrementar la inversión pública sin corregir los problemas estructurales de cobro y pago puede reproducir las mismas debilidades fiscales históricas.

• Desajustes estructurales económicos y subsidios

Los desajustes estructurales relacionados con tarifas eléctricas, combustibles, subsidios y títulos catastrales deben abordarse con criterios de:

• Honradez social
• Transparencia
• Gradualidad

Resulta una gran temeridad insinuar nuevos sacrificios para la población mientras se mantienen intactos privilegios fiscales, amplias exenciones tributarias y espacios de despreocupación que benefician a sectores económicamente poderosos.

• Fortalecimiento institucional

La revisión de la regla fiscal y la creación de un Consejo Fiscal autónomo pueden contribuir al fortalecimiento institucional, siempre que sus integrantes sean economistas verdaderamente independientes de intereses privados.

Sin bloqueo, estos cambios siquiera sustituyen la aprieto de tocar las raíces estructurales del problema fiscal dominicano.

• Nuestro compromiso y llamado desde la sociedad civil

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestra disposición a participar en un diálogo doméstico amplio, tolerante y transparente sobre el futuro fiscal del país.

La República Dominicana no necesita exclusivamente una reforma administrativa tributaria. Necesita avanzar en torno a una transformación estructural de su sistema fiscal, basada en la imparcialidad social, la equidad tributaria y la sostenibilidad fiscal.

Exhortamos al Gobierno, al Consejo Crematístico y Social (CES) y, eventualmente, al Congreso Franquista, de ser manager el esquema de ley mencionado por el ministro de Hacienda y Heredad, así como a toda la sociedad dominicana, a cascar un proceso doméstico para discutir el futuro fiscal del país.

La fiscalidad debe convertirse en una útil para promover el crecimiento, someter desigualdades y asegurar bienestar para toda la población. Por ello, hacemos un llamado al ministro de Hacienda a impulsar un diálogo inclusivo y tolerante.