Organizaciones ambientalistas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que gestione frente a el Gobierno dominicano la ejecución del plan de candado escalonado de las plantas a carbón  que operan en el país.

La petición fue presentada por el Comité Doméstico de Lucha Contra el Cambio Climático, (CNLCC), y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Dominio, (INSAPROMA), durante una audiencia celebrada este martes 10 de marzo en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Las entidades recordaron que el plan de candado de todas las plantas de carbón del país fue sensato el 15 de noviembre de 2024 por el Gobierno dominicano, el Cárcel Mundial, el Cárcel Interamericano de Progreso (BID), y el Fondo Internacional del Clima(CIF).

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Según explicaron, el acuerdo contempla el candado de la planta Barahona Carbón para el año 2027, las plantas de Itabo para 2028 y las dos unidades de Punta Catalina durante la término del 2030.

La delegación dominicana integrada por Euren Cueva Medina y Jorge Lizardo Vélez, director ejecutor y vicepresidente de INSAPROMA, reclamó que el país establezca un situación normativo específico que regule el candado de Punta Catalina y de las demás plantas de carbón.

Indicaron que, como parte de ese compromiso, el Gobierno dominicano recibió US$150 millones destinados a realizar los estudios necesarios para ejecutar el proceso de candado de estas plantas.

Las organizaciones señalaron por otra parte que el Cárcel Interamericano de Progreso se comprometió a aportar financiamiento para proyectos de energías renovables que permitan sustituir la electricidad generada con carbón.

Financiamiento

Sostuvieron que los US$1,750 millones que el BID financia actualmente para dos plantas de 860 megavatios a cojín de gas natural licuado en Manzanillo, provincia Montecristi, se relacionan con ese acuerdo.

No obstante, indicaron que el tesina se ha desviado cerca de el uso de otro combustible fósil, como el gas natural.

Las entidades además recordaron que el 6 de diciembre de 2023 el Estado dominicano se incorporó al Powering Past Coal Alliance, PPCA, alianza internacional liderada por Reino Unido y Canadá que promueve el defección del carbón para la gestación eléctrica.

Explicaron que con esa adhesión el país se comprometió a no construir nuevas plantas de carbón y a desatender de guisa definitiva el uso de ese combustible para producir electricidad.

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Norma jurídica

Las entidades reclamaron que se adopte una norma jurídica interna que establezca fechas, etapas y metas verificables para la salida progresiva del carbón ayer del año 2039.

Sostienen que norma debe incluir mecanismos de rendición de cuentas, indicadores de cumplimiento y la décimo efectiva de la sociedad civil y de las comunidades afectadas.

Las entidades denunciaron por otra parte frente a el organismo internacional la supuesta competición del Gobierno dominicano a crear espacios de diálogo y décimo para analizar los impactos de Punta Catalina y fijar el plan de candado de las plantas de carbón.

Las organizaciones plantearon que el candado de las plantas de carbón debe ir acompañado de un régimen claro de responsabilidades y garantías financieras.

Señalaron que además se debe contemplar la remediación ambiental, la reparación integral y la indemnización de los daños ocasionados por el carbón en las comunidades donde han operado estas instalaciones.

Asimismo,¨los ambientalistas propusieron blindar los estándares ambientales y conciliar la regulación franquista con los parámetros de la Estructura Mundial de la Vigor, OMS, en materia de calidad del garbo.

Sobre derechos humanos

Las organizaciones dominicanas participaron hoy  en  una  audiencia regional sobre la situación de los derechos humanos frente a la cuna de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe. En el interviú además participaron organizaciones de Ecuador, Colombia y Pimiento, entre ellas la Cuna Waorani del Ecuador, la Plataforma La Guajira le Palabra al País de Colombia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Dominio, AIDA, y comunidades de Tocopilla y Quintero-Puchuncaví.