La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) declaró el 2026 como Año de la Sociedad Civil Contra la Corrupción e Impunidad, representando a diversos sectores del Distrito Doméstico y el Gran Santo Domingo.

En una rueda de prensa, solicitó a la Cámara de Cuentas de República Dominicana realizar una auditoría al Servicio Doméstico de Lozanía (SNS), conveniente a que desde esa instancia se manejaron miles de millones de pesos destinados, según las autoridades, a ofrecer servicios de lozanía con eficiencia, efectividad y calidad.

Las organizaciones sociales y de la sociedad civil expresaron, a través de un documento, que el SNS procuraba poner en funcionamiento las denominadas Unidades de Atención Primaria (UNAP) en las 32 provincias, 258 distritos municipales y 155 municipios del país. Sin secuestro, según sus opiniones, la ciudadanía se ha quejado de las deficiencias en los servicios de lozanía.

Asimismo, señalaron que la construcción de edificaciones en distritos y municipios, muchos de ellos con abriles de aprieto de un hospital, no ha satisfecho las demandas de la población.

En una comunicación firmada por los dirigentes Arcángel Guillermo Molina, Alexis Rafael Peña, Fiordaliza Guzmán y José Antonio Mieses, explican que por estas razones las organizaciones de la sociedad civil que ellos representan acuden a la doctora Emma Polanco, para que la institución que dirige realice la auditoría y así tanto ellos como la opinión pública puedan conocer en qué se gastaron los capital del Estado en esa entidad.

Entre las organizaciones que componen la solicitud se encuentran la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Doméstico y la Provincia Santo Domingo (Acadisando), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Ampliación (Cepatode) y la Red de Organizaciones Comunitarias del Arrabal 27 de Febrero (ReoCofe).

Estas agrupaciones expresan su preocupación porque durante la administración de cinco abriles no se ha visualizado la calidad de los servicios, la mejoría en atenciones médicas, disponibilidad de medicinas, camas u otros aspectos prioritarios para la ciudadanía.

Las organizaciones aseguran que su solicitud está amparada en el artículo 61 de la Constitución de la República, el cual establece que la lozanía integral es un derecho de todo el pueblo dominicano, adjunto con otros derechos consagrados en la carta magna.

De igual forma, indican que los respalda la Ley Militar de Lozanía 42-01 y la Ley 12-06, esta última considerada de suma importancia para las personas que atraviesan situaciones de lozanía mental severa. En sentido caudillo, recuerdan que según la Constitución de 2010 y sus reformas de 2015, la lozanía es un derecho fundamental en el país.

En la solicitud dirigida a la doctora Emma Polanco de Mercedes, las organizaciones plantean que buscan que la Cámara de Cuentas determine si los miles de millones de pesos que utilizó el SNS entre 2020 y 2025 se manejaron con pulcritud y si cumplieron con las demandas de la población.

Por su parte, la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Doméstico y el Gran Santo Domingo (Acadisando) manifestó su interés en brindar unidades de servicios en lozanía mental, pie diabético y gerontología en hospitales como el Luis Eduardo Aybar, Francisco Moscoso Puello, Félix María Goico, San Lorenzo de Los Minas, Ney Arias Lora y Salvador B. Gautier, delante las calamidades que enfrentan las personas con esas condiciones de lozanía.