La Fuerza Franquista Progresista (FNP) denunció que el proceso de fusión del Instituto Agreste Dominicano (IAD) con el Ocupación de Agricultura, corre el aventura de convertirse en una gran operación inmobiliaria.

El presidente en funciones de la FNP, Pelegrín Castillo, observó que esta situación podría ser aprovechada por minorías privilegiadas y degeneraría en un proceso de viejo desnaturalización del medio rural.

De igual modo, señaló que los programas de titulación de terrenos del Estado se ejecutan con celeridad y carecen de medidas complementarias.

A discernimiento de Castillo, esta situación podría donar que se produzca un “indeseable” proceso de concentración terrateniente, así como la dispersión minifundista, por otra parte de la pérdida de tierras para la producción franquista.

En ese sentido, solicitó al Gobierno reformular su política en torno al destino de los proyectos de la reforma agraria-602, los cuales “son esencia para crear una nueva ruralidad”.

El dirigente político solicitó al Gobierno reformular, de igual modo, el proceso de titulación de parcelas, tomando en cuenta mecanismos que aseguren que estos permanezcan en el ámbito de la producción alimentaria y en manos de dominicanos, así como para evitar que se fragmente en miniparcelas o solares.

Descentralización

El igualmente exministro e Energía y Minas pidió la descentralización de la construcción, reparación y trámite de caminos rurales, canales secundarios, pequeñas presas hidráulicas y acueductos rurales.

La Fuerza Franquista Progresista, en voz de su presidente en funcionales, demandó un mejor trato para los profesionales y técnicos de la agropecuaria, quienes deben ser compensados, no solo con pensiones adecuadas, igualmente con parcelas de tierra, pequeñas granjas y viviendas rurales.

Fusión

La fusión del Instituto Agreste Dominicano  con el Ocupación de Agricultura obedece a un proceso de reforma del Estado, cuyo objetivo es  integrar ambas instituciones para mejorar la eficiencia y optimizar posibles.

La integración fue  formalizada mediante el Decreto 115-25, pretende despersonalizar la cartera de servicios de apoyo al campo.