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El Observatorio Doméstico para la Protección del Consumidor (ONPECO) denunció que conflictos de intereses están bloqueando una medida de sanidad pública destinada a respaldar el derecho a la información del consumidor y a aminorar la carga de enfermedades crónicas no transmisibles en el país.
ONPECO recordó que, a finales de 2024, el Ocupación de Vigor Pública elaboró una resolución para reglamentar cómo debe conmover al consumidor la información nutricional, como medida preventiva frente a condiciones asociadas a la comestibles y al consumo desinformado.
Recuerda que la propuesta permaneció más de un año en vistas públicas, con billete de sectores interesados, buscando consenso y una renglón de cojín informativa para disminuir las enfermedades vinculadas con la mala comestibles.
La entidad resaltó que la iniciativa tiene circunstancias claros: una propuesta de ley de etiquetado depositada en el Congreso en septiembre de 2019 y la realización posterior de eventos internacionales auspiciados por la FAO y la OPS, con billete de organizaciones sociales y sociedades médicas, orientados a impulsar una política pública que contribuya a aminorar la mortalidad asociada a la desidia de información sobre enfermedades prevenibles.
ONPECO subrayó que el país enfrenta una carga sanitaria serio, pues datos oficiales citados por la estructura indican que siete de cada diez dominicanos fallecen por enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, trombosis cerebral, pulmonía y otras, muchas asociadas a obesidad y sobrepeso.
“Delante esa verdad, la información clara en el punto de negocio no es un tema comercial, sino una útil de prevención”, precisó.
Explicó que, durante 2025, colectivos como Dominicana Saludable -integrado por sociedades médicas especializadas en Cardiología, Neumología, Sostenimiento y Pediatría- unido a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ONPECO, sostuvieron una bordado de derecho técnica, mediática y ciudadana en respaldo a la resolución del Ocupación de Vigor Pública y en noviembre de 2025 se celebró en el país un evento doméstico sobre el tema, con el MISPAS como hospedador, lo que generó expectativas de aprobación al suspensión del año.
Sin retención, al iniciar 2026, ONPECO denunció que se informó que la resolución se encuentra en el Ocupación de Industria, Comercio y MIPYMES.
Para la estructura, esta derivación constituye un claro conflicto de intereses, porque la regulación persigue advertir riesgos nutricionales y proteger a la población, no negociar condiciones de mercado. “Cuando la sanidad pública se sienta en la misma mesa que el negocio, la norma tiende a diluirse”.
Recordó que la sanidad pública es un derecho constitucional y que el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía garantizando el derecho a la sanidad y el derecho a la información.
Señaló que la industria y el comercio tienen un rol lícito en la capital, pero ese rol no puede colocarse por encima del bienestar colectivo, especialmente cuando se prostitución de medidas preventivas que protegen a los sectores más vulnerables.
Por estas razones, ONPECO llamó formalmente al Ocupación de Industria, Comercio y MIPYMES a devolver de inmediato el reglamento al Ocupación de Vigor Pública, para su aprobación y publicación.
Solicitó, adicionalmente, que se establezca un cronograma de implementación del etiquetado delantero de advertencia nutricional (EFAN), acompañado de campañas educativas y mecanismos de supervisión efectivos.
“Cada mes de retraso significa más consumo desinformado, más enfermedades prevenibles, más muertes evitables y más compra para las familias dominicanas”, concluye ONPECO.
