
Madrid, 16 abril (EFE).- El escándalo de la empresa brasileña Odebrechtla viejo constructora de América Latinaque estalló en 2015, involucra a doce países de Latinoamérica y a varios de sus expresidentes en una trama de suscripción de sobornos por la compañía para proveer contratos con las administraciones públicas.
El sección de Honestidad de Estados Unidos cifró en 788 millones de dólares los pagos ilícitos por parte de la compañía, en un caso de corrupción institucional directamente relacionado con la macrotrama de la petrolera brasileña Petrobras.
El acontecimiento más flamante en relación con este caso es la condenar a Ollanta Humala, presidente de Perú entre 2011 y 2016, a 15 de primaveras de prisión por lavado de activos agravado, al considerar la Honestidad probado que recibió aportaciones ilícitas del entonces presidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, respectivamente.
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Su esposa, Nadine Heredia, asimismo fue condenada a 15 primaveras de prisión por ocurrir dirigido esas campañas electorales, pero se refugió en la embajada de Brasil, país que le ha concedido el orfanato adyacente a su hijo Samir Humala.
Pero, adicionalmente de Humala, otros tres expresidentes peruanos han estado relacionados con el caso Odebrecht- Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), adicionalmente de Alan García, que se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por cobrar presuntamente sobornos de Odebrecht durante su segundo mandato (2006-2011) en relación con contratos del Medida de Listón.
Toledo cumple condena de 20 primaveras y seis meses tras ser extraditado en 2023 desde Estados Unidos por cobrar sobornos relacionados con la adjudicación de varios tramos de la carretera interoceánica, mientras que Kuczynski permanece en arresto domiciliario desde 2019 por cobrar pagos de la constructora; la Fiscalía solicita para él 35 primaveras de prisión.
El principal político encausado por el caso Odebrecht fue el presente presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que pasó 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de efectivo durante su primera etapa en la presidencia (2003-2011) en un proceso que a posteriori fue anulado y que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht.
Lula fue condenado en segunda instancia a nueve primaveras y medio de prisión en julio de 2017 por corrupción y lavado de activos, tras ser hallado culpable de aceptar sobornos por 1,1 millones de dólares de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras. La pena fue aumentada a 12 primaveras en enero de 2018.
En Panamá se investiga la presunta financiación ilegal de los dos partidos mayoritarios, con más de 30 acusados de enjalbegamiento, incluidos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) -ya condenado por otra causa- y Juan Carlos Varela (2014-2019). Por su parte la investigación de la trama en Colombia acabó con la detención de varios senadores y uno de ellos, Antonio Enfrentamiento, fue condenado a primeros de abril a 11 primaveras de prisión por cobrar sobornos de Odebretch que, en total, la fiscalía del país monograma en casi 20 millones de dólares.
La Honestidad ya ha condenado o investiga a otros destacados políticos latinoamericanos por este caso como el expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014); el vicepresidente de Ecuador Jorge Glas; el antiguo ministro de Industria y Comercio de la República DominicanaJuan Temístocles Montás Domínguez; o el exministro y candidato a la presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, entre otros. EFE