El Ocupación Conocido informó que, adentro de una de las líneas investigativas de la Operación Antipulpo, obtuvo la homologación de un acuerdo en el que Maxy Gerardo Montilla Sierra y varias de sus empresas aceptan responsabilidad penal y autorizan el requisa de unos RD$3,000 millones a distinción del Estado dominicano.

Montilla deberá acreditar RD$600 millones a las distribuidoras Edeeste, Edesur y Edenorte, encima de cubrir los daños provocados por sus acciones. Adicionalmente, pagará a la Dirección Común de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90.

Asimismo se establece la disolución de varias de sus empresas, incluyendo Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD, Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globale, Watmax Lighting, Herrajes Eléctricos RPC y MG Solomon Corporation, en un plazo mayor de dos primaveras.

El convenio, respaldado por el criterio de oportunidad, fue presentado en presencia de el tribunal por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y apto por el togado Raymundo Mejía, del Primer Judicatura de la Instrucción del Distrito Franquista.

Autoridades como Wilson Camacho, director caudillo de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la valor del tribunal como un avance en la lucha del Ocupación Conocido contra la corrupción administrativa y la impunidad, liderada por la procuradora caudillo Yeni Berenice Reynoso.

El acuerdo contempla además el requisa de un dominio de 200.18 m², enclavado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

En representación de las empresas distribuidoras actuó Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), mientras que Montilla y sus empresas contaron con la auxilio permitido de Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.

El Ocupación Conocido acusó que Montilla Sierra utilizó las empresas como vehículos para participar fraudulentamente en contrataciones públicas, violando las normativas que regulan los procesos estatales y logrando adjudicaciones ilícitas en detrimento del patrimonio sabido.