Santo Domingo.– Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, toda persona que sea condenada por ganancia ilícito quedará inhabilitada de por vida para habitar posiciones públicas, ya sean electivas o por designación.
Así lo advirtió este jueves la procuradora genérico de la República, Nueva Berenice Reynosodurante una conferencia sobre los avances en materia de transparencia que implican el nuevo Código Penal y la recientemente aprobada Ley de Compras y Contrataciones Públicas. El evento fue celebrado en la Dirección Universal de Aduanas (DGA).
Durante su intervención, Reynoso se refirió a los recientes casos que han colocado al Gobierno en el ojo del huracán, como las Irregularidades reportadas en el Instituto Franquista de Bienestar Estudiantil (INABIE) y en el Seguro Franquista de Salubridad (SENASA). En ese sentido, afirmó que la corrupción impacta directamente a la población.

“La corrupción es transversal al expansión de los pueblos. Cuando se comete un acto de corrupción, fondos que deben ir a Salubridad Pública, no van; fondos que deben ir a Educaciónno van; fondos que deben ir a Seguridad, no van. Entonces, ¿quién es la víctima de los actos de corrupción? La sociedad”, sentenció.
Reynoso explicó que el ganancia ilícitoahora obligado como un tipo penal autónomo, permite el requisa de los acervo adquiridos ilícitamente y la inhabilitación permanente del condenado para habitar cargos públicos. Esto significa que ya no es necesario que este delito dependa de otras figuras penales para ser procesado.
Asimismo, resaltó que el nuevo Código contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicaslo que permite perseguir y sancionar asimismo a empresas involucradas en actos de corrupción, incluyendo su posible disolución.

“Actualmente, hay decenas de empresas que enfrentan procesos judiciales que podrían sufrir a su inhabilitación como proveedoras del Estado. Y esto no excluye la responsabilidad individual de los funcionarios o personas detrás de esos negocios”, puntualizó.
Entre las novedades más importantes del nuevo ámbito penal, Reynoso mencionó la manipulación de pagos en obras públicas como un nuevo tipo penal. Esta conducta incluye la cambio intencional de contratos para beneficiar a particulares y perjudicar al Estado.
“Cuando se usa el patrimonio del Estado para comprar o contratar, hay reglas. Y romperlas es robarle al pueblo”, advirtió.
En ese contexto, detalló algunos de los delitos más frecuentes en el ámbito de las contrataciones públicas como la adjudicar contratos sin concurso (a dedo), la manipular los precios de compras y ventas, remunerar por acervo o servicios inexistentes, ser togado y parte en un arregloy proveer información falsa para superar licitaciones.
Todos estos actos estarán tipificados como delitos en el nuevo Código Penal y podrían implicar sanciones de entre 3 y 10 primaveras de prisiónal estar alineados con la Ley de Lavado de Activos.
La procuradora genérico destacó que este nuevo ámbito normativo fortalece la capacidad del Estado para avisar, investigar y sancionar la corrupción, alineándose con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los estándares internacionales en materia de integridad pública.
En la actividad estuvieron presentes el director genérico de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo); la directora de Ética e Integridad Oficial, Milagros Ortiz Bosch; el procurador adjunto Osvaldo Bonillay el apoderado constitucional de la DGA, Oscar d’oil seiffe.






