El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.
Ponemos sobre el tapete poco que estimo trascendente. Se proxenetismo de un atisbo que ha sido pospuesto por mucho tiempo (¿procastinación o felonía?).
Se proxenetismo de la permanente posposición de los planes de expansión del suroeste, lo cual ha llevado en el tiempo carencia, sufrimiento y dolor a millones de seres humanos que han esperado por primaveras que ocurra la redención social y económica que merece la región.
Se hace necesario, por consiguiente, que esta vez el gobierno del presidente Luis Abinader inicie, desde ahora y hasta su terminación, la planificación del progreso de la población de los pueblos de la región suroeste.
La iniciativa debe darse a partir de una afortunada, providencial combinación de dos acontecimientos que creemos son únicos en el suroeste. Nos referimos a la terminación del plan múltiple Presa de Monte Magnate y el expansión definitivo del potencial turístico de esta bendecida, pero aún no aprovechada zona del país.

La realización de uno y otro proyectos sería “una tabla de salvación” para la región, y, por ende, para el país. De hecho, se vislumbra desde ya en la región, un aura adornada de esperanza y un ansia de exceder sus ancestrales limitaciones socio-económicas.
¿Más que turismo?
En ese sentido, sugerimos que, a la vez que se impulsan proyectos turísticos en las costas circundantes de Pedernales, Barahona, Baní y Azua como alternativa de expansión, el gobierno disponga la realización de un estudio profundo, investigador, sociológico y socioeconómico, sobre el impacto que tendrá la terminación del plan múltiple Presa de Monte Magnate en esa región.
Y que sea a partir de esas investigaciones, dirigidas a explicar y aplicar políticas orientadas a explotar iniciativas que irreductiblemente sirvan para aminorar la pobreza, las autoridades diseñen un Plan Avezado, el cual la inserte, no solo en el expansión turístico, sino todavía en el progreso agropecuario e industrial.
Separadamente, por otra parte, trazar estrategias con instrumentos de seguimiento que eviten que los pueblos sacados de la pobreza mediante la aplicación de planes específicos de expansión vuelvan a caer en ese status en la región.
Que lluevan los reclamos
Al respecto, nos adherimos a los reclamos de sectores, entre ellos prelados católicos y connotados comunicadores de la región, en el sentido de que el presidente Abinader asigne los fortuna necesarios que permitan continuar la terminación de las obras de coexistentes hidroeléctrica y los canales de riego del plan presa de Monte Magnate.
Ha trascendido la lamentable información, sin desmentir aún, de que luego de inaugurado el embalse de la presa, el gobierno no ha asignado ninguna partida presupuestaria para continuar el megaproyecto. Las autoridades del Instituto Doméstico de Bienes Hidráulicos (INDRHI) no han hecho ninguna puntualización al respecto.
El embalse de esta presa fue inaugurado el 25 de enero de 2024 y entonces fue denominada “la decano obra hidráulica del Caribe” y el “medida del sur”. Esta presa, “con una inversión superior a los US$588 millones, rebusca mitigar inundaciones, suministrar agua potable y potenciar la agricultura en la región Enriquillo”.
En tanto, para engrandecer la misma, es necesario hacer una sugerencia adicional a diputados y senadores de las provincias Barahona, Bahoruco, Azua y Baní, a los fines de que, de modo conjunta y con un equipo técnico, se aboquen a elaborar y sobrepasar un bosquejo de Ley de Cuota Parte 2.0, mediante el cual se identifique y trace las herramientas que permitan explotar al mayor los fortuna de tierra y agua que serán impactados con la terminación de la presa.
Ley Cuota Parte 2.0
La nueva Ley sustituirá o tenderá a exceder la flagrante Ley de Cuota Parte número 126-80, la cual sustituyó la ley No. 134 sobre el Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, del 21 de mayo de 1971.
En dicha Ley se “establece que los propietarios de tierras beneficiadas por obras de riego construidas por el Estado deben ceder una parte proporcional de sus terrenos (cuota parte) al Instituto Agrícola Dominicano (IAD)” para los fines de realizar una reforma agraria.
Este texto data de más de 40 primaveras y luce estancado, se desconoce hoy día de su aplicación en los campos del país. Por tal razón, creemos imperativo a la luz de la efectividad flagrante, que el mismo sea retomado y reconvertido en un plan de Ley de Cuota Parte 2.0 más renovador, que sirva de soporte para el utilización de los terrenos que serán beneficiados con las aguas de la presa de Monte Magnate.
La nueva Ley de Cuota Parte 2.0 será la pulvínulo, asimismo, para la realización de una revolución agraria en el suroeste, logrando de esa modo que un plan como el de la presa de Monte Magnate no pase a la historia “sin pena ni reputación” y con el único mérito de evitar que el río Yaque del Sur siga continúe inundando las poblaciones ubicadas aguas debajo en cada temporada lluviosa.
¿Por qué 2.0?
Porque el nuevo texto lícito no se aclimatará solo a “financiar infraestructuras hídricas y fomentar la reforma agraria”, sino que iría más allí. Deberá constituirse en la aparejo fundamental para impulsar el expansión agropecuario y agroindustrial en la región.
Se acento de entre 300 mil y 700 mil tareas que se estima serían irrigadas por las aguas acumuladas en el embalse de la presa.
¿Por qué entonces no comenzar a tomar desde ahora las medidas que contribuyan a explotar al mayor ese filón de progreso regional y que el colega Tomás Aquino Méndez ha aguado como “el medida de la región Sur”?
El gobierno del presidente Abinader, el INDRHI, el IAD y los legisladores de la región tienen la pelota en su cancha. Lo próximo sería ponerse de acuerdo y trabajar de modo planificada en la elaboración de un Máster Plan que definitivamente tiro al suroeste de su pobreza sempiterna.
jpm-am
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