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La entrada en vigencia de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas marca un punto de inflexión en la forma en que el Estado administra los capital.
La aggiornamento de esta norma representa una puesta por cerrar brechas históricas de discrecionalidad, opacidad y privilegios que durante primaveras han rodeado los negocios con el sector conocido.
Con la promulgación de esta ley, el sistema de contrataciones entra en una etapa que exige decano rigor, planificación y transparencia.
El uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, la definición clara de plazos y responsabilidades, y el fortalecimiento del régimen de consecuencias, envían el mensaje elocuente de que las reglas están para cumplirse y no para interpretarse a conveniencia.
Uno de los avances más relevantes es el impulso a las Mipymes, elevando al 30 % la reserva del presupuesto de compras públicas. Esta medida democratiza el acercamiento a los contratos estatales y rompe la concentración de oportunidades en pocas manos, favoreciendo así una posesiones más inclusiva.
Sin requisa, esta transformación asimismo obliga a un llamado de atención. La nueva ley no puede convertirse en un simple maquillaje permitido ni en una carrera por encontrar atajos.
Quienes pretendan seguir sacando ventajas indebidas, manipulando procesos o utilizando testaferros y empresas de ocasión, deben enterarse que el ganancia de tolerancia se reduce drásticamente.
La implementación continuo de esta nueva ley debe ir acompañada de vigilancia ciudadana, voluntad política y sanciones ejemplares.
El definitivo éxito de la Ley 47-25 se medirá por su capacidad de erradicar prácticas corruptas y certificar que cada peso del Estado se traduzca en bienestar y avance sostenible.
