Santo Domingo.- La Suprema Corte de Conciencia pesquisa la aprobación de al menos cuatro proyectos de ley con los que, se procura mejorar la eficiencia del sistema legal en el país.

Este jueves ,el presidente de la Suprema, Henry Molina, se reunió con los presidentes de las cámaras del Congreso como mecanismo primario para abocar los dos poderes y avivar estas iniciativas.

Son estas una Ley que modifica la Ley orgánica dle Poder Procesal, una propusta de Ley de simplificación de procesos judiciales, otra que modifica la Ley de registro inmobiliario y una para eliminar las tasas judiciales.

Según Molina, la primera de estas iniciativas actualizará el funcionamiento interno del sistema legal, dotándolo de eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa; la segunda permitirá simplificar y avivar trámites judiciales, beneficiando directamente a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria; la tercera fortalecerá los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las deposición actuales del sector y sus actores públicos y privados, y la cuarta permite derribar barreras económicas a los más vulnerables.

La cita de Molina y posterior reunión con los presidentes Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como con las comisiones de jurisprudencia del Senado y de la Cámara de Diputados, sirvió a la vez como una rendición de cuentas verbal en presencia de el Congreso de las ejecutorias del Poder Procesal entre 2019 y 2025.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien dirigió los trabajos del conferencia, destacó los avances que ha experimentado el Poder Procesal, “un proceso de modernización, orientado a consolidar una jurisprudencia más ágil, accesible y transparente; una jurisprudencia, que alega con maduro aptitud a las demandas de la ciudadanía, y que fortalece la confianza en nuestras instituciones”.

De los Santos valoró los esfuerzos del Poder Procesal, enfatizando en que una jurisprudencia efectivo y confiable es pilar fundamental para el avance tolerante, la seguridad jurídica, la paz social y las inversiones que propician el avance.

“Este conferencia es un adiestramiento de diálogo constructivo que nos permite identificar oportunidades de alivio, avenir ideas y propuestas legislativas y seguir fortaleciendo el Estado de Derecho. Una interacción respetuosa como esta, entre los Poderes Parlamento y Procesal, es secreto para una gobernanza moderna y efectiva”, destacó.

Concluyó en que los dos Poderes, Parlamento y Procesal, continuarán trabajando de la mano para dotar al país de leyes que contribuyan con el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales.

Entre las leyes aprobadas que robustecen el sistema de jurisprudencia, enumeró: el Código Penal; el Código Procesal Penal; la Ley sobre Memorial de Casación; la Ley que Crea el Ocupación de Conciencia; la Ley de Uso de Medios digitales en el Poder Procesal, aprobada en el día de ayer, entre otras importantes iniciativas.

En el conferencia, el magistrado Molina expresó su agradecimiento por el respaldo histórico del Congreso Franquista en el proceso de modernización de la jurisprudencia y reafirmó que el fortalecimiento del Estado de Derecho exige una rendición de cuentas absoluta.

Enfatizó que la transformación legal no es un destino arrobado, sino un proceso continuo para materializar la promesa constitucional de una jurisprudencia pronta, humana y confiable”.

“Debemos consolidar una jurisprudencia que sea un puente seguro para el que pesquisa amparo y un escudo firme para quien necesita protección. Esa es la jurisprudencia que le debemos al país”, concluyó el magistrado Molina, enfatizando que el trabajo unido de los poderes del Estado engrandece la democracia dominicana.
Expuso que esta civilización de eficiencia se ha extendido a nivel franquista, logrando que al falleba de 2025 más del 80% de los tribunales del país se encuentren al día, reduciendo trámites que antaño tomaban abriles a solo días.

En cumplimiento de la Ley 339-22 de Uso de Medios Digitales, dijo que el Poder Procesal consolidó una plataforma digital con más de 33 mil usuarios y la puesta en circulación de más de cinco millones de documentos con firma digital.

“De esta guisa, continuamos cumpliendo el objetivo que expusimos en presencia de ustedes hace un año: extender de guisa progresiva la jurisprudencia digital”, apuntó.

El magistrado presidente de la Suprema Corte de Conciencia, Henry Molina, destacó adentro de los hitos de infraestructura la puesta en funcionamiento de la Ciudad Procesal de Santo Domingo Este, eliminando la precariedad de los furgones y sustituyéndolos por espacios modernos, dignos y accesibles, “con ello dimos cumplimiento al compromiso que asumimos en presencia de este Congreso en abril del año pasado, de poner en operación esa obra en el segundo semestre de 2025”.

Asimismo, Henry Molina resaltó la consolidación del Registro Inmobiliario como eje del Plan Franquista de Titulación y los altos estándares de transparencia institucional, reflejados en la calificación de 100 puntos en el Índice de Transparencia del Estado y el liderazgo regional de la República Dominicana en la Cumbre Procesal Iberoamericana.

Durante el acto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó como columna vertebral la colaboración legislativa que mantiene el Congreso con el sistema legal, que sirve como soporte para erradicar la impunidad y desconfianza.

“La transparencia y la fiscalización mutua son instrumentos indispensables para preservar el Estado Social Demócrata y de Derecho, que fortalecen la licitud y protegiendo a la ciudadanía de arbitrariedades”, dijo Alfredo Pacheco.

Dijo que desde el Congreso Franquista se impulsa la aprobación de importantes iniciativas, y sentirse comprometido a continuar garantizando y protegen los derechos fundamentales de las personas.
“Cuando los legisladores y los actores del poder legal compartimos una visión de país y priorizamos el interés notorio, los resultados se multiplican”, concluyó el presidente de la Cámara de Diputados.

El magistrado Molina, estuvo acompañado por los jueces del Pleno de la Suprema Corte de Conciencia: Justiniano Montero, Vanessa Acosta Peralta, Miguelina Ureña Núñez, Édynson Francisco Alarcón Polanco, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, María Garabito Ramírez, Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico. Adicionalmente, el magistrado Manuel Hernández Trofeo, representante de los jueces de la SCJ en presencia de el Consejo del Poder Procesal.