Santo Domingo.- El coronel Rafael Núñez de Aza, imputado en el caso Coral, presentó este jueves su defensa material delante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico, donde sostuvo que el Empleo Conocido no ha conseguido destruir su presunción de inocencia, al tiempo que cuestionó la recriminación por múltiples vertientes probatorias y financieras.
Durante su exposición, Núñez de Aza depositó delante las juezas documentación bancaria y fiscal que, según explicó, demuestra que mantiene operaciones económicas con entidades financieras del país desde la período de los noventa, incluyendo transacciones de hasta 500 mil dólares y montos millonarios en pesos dominicanos, muy anteriores a los hechos que le atribuye la recriminación.
El imputado incluso presentó registros de plazo de impuestos, rechazando la imputación de que ocultaba ingresos o evadía obligaciones fiscales. Afirmó que su trayectoria económica “no comienza ni termina” con los cargos que desempeñó en instituciones del Estado.
Negocios previos y control profesional
Núñez de Aza reveló adicionalmente que mantiene relaciones comerciales con la pastora Rossi Guzmán, incluso imputada en el proceso, desde el año 2001, aclarando que se trató de negocios lícitos por montos que iban desde cientos de miles de pesos hasta millones, los cuales —según dijo— dilación continuar.
Indicó que, como contador de profesión, incluso ofrecía servicios de auditoría externa, actividad que formaba parte de su control profesional regular y que explicaría parte de sus movimientos financieros.
Matriz financiera y cuestionamientos a la recriminación
Uno de los puntos centrales de su defensa fue la presentación de una matriz de flujo de efectivo, elaborada —según explicó— a partir del investigación del destino de los fondos investigados en el caso.
“Del investigación del destino de los capital y de quiénes resultaron finalmente beneficiados, he preparado una matriz de flujo de efectivo que considero oportuno presentar delante este honorable tribunal”, expresó.
Detalló que la matriz identifica, mediante códigos de colores, a las personas físicas y jurídicas, las entidades bancarias que movilizaron los mayores volúmenes de capital y los montos de efectivo canalizados, lo que —a su motivo— evidencia que las transacciones no siguieron un curso uniforme como sostiene el Empleo Conocido.
En ese contexto, intentó demostrar que los principales movimientos financieros correspondieron a Raúl Girón y a su hermano Vicente Girón Jiménez, y no a él como se le atribuye.
“El boleto deja indicio. Por eso exhorto respetuosamente a este tribunal a estudiar este caso con profundidad y objetividad”, insistió.
Llamado al tribunal
Núñez de Aza solicitó a las juezas que lo juzguen exclusivamente sobre la almohadilla de hechos probados que guarden conexión directa con su persona, y no por actuaciones ocurridas adentro de un entorno institucional donde, según afirmó, diversos actores tenían paso, control y capacidad operativa.
“La verdad se demuestra, y quien actúa conforme a ella no teme la revisión. Lo único que pido es que no se me atribuya lo que no he hecho”, concluyó.
Contexto del caso
El Empleo Conocido imputa a Rafael Núñez de Aza como uno de los principales implicados en un entramado de corrupción administrativa, señalándolo como el supuesto cerebro financiero de una red que habría desviado fondos públicos desde instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Doméstico para la Preliminares y la Adolescencia (Conani).
Con la presentación de la defensa material de Rafael Núñez de Aza, el proceso entra en su escalón final. Una vez los demás implicados en esta denominada Operación Coral expongan sus defensas delante el tribunal colegiado en las próximas audiencias, el Empleo Conocido quedará en condiciones de presentar su acto de conclusión o conclusiones finales, tras lo cual la corte procederá a deliberar y emitir su falta conforme a derecho.






