EL AUTOR es ingeniero y periodista. Reside en Santo Domingo.

Recientemente hemos escuchado con profunda indignación los testimonios de contratistas septuagenarios que, décadas antes, cumplieron con el deber de animar obras para beneficio del país y que hoy, en su vejez, siguen esperando un plazo amoldonado por su trabajo.

El Comité Institucional Codiano (CIC) ha hecho divulgado que 92 contratistas enfrentan una situación desgarradora: entregaron sus obras, las vieron entrar en funcionamiento, pero en absoluto recibieron el plazo prometido.

Hoy el Estado alega que los documentos “no aparecen”. ¿Y entonces qué hacemos con las vidas de ellos que sí están aquí, esperando conciencia?

Don Félix Micelli, de 78 abriles, entregó su obra hace más de 23. Hoy sobrevive con ayuda de sus hijas. Don Eugenio Matos-Patín, otro de los afectados, puso sus ahorros y su dignidad en una obra que sirve a la comunidad, pero ha sido dejado por el mismo Estado que se benefició de su esfuerzo.

Sus palabras, duras y valientes, nos confrontan como sociedad: “¿Y mi derecho? ¿Eso igualmente desapareció?”

Estos hombres no piden caridad. Piden lo que les corresponde: conciencia, memoria y dignidad. Piden que el Estado cumpla su palabra, que no se esconda detrás de excusas burocráticas ni de desapariciones sospechosas de archivos.

Lo que está en placer no es solo una deuda económica de 390 millones de pesos, sino una deuda íntegro e institucional mucho viejo.

¿Azar un país puede murmurar de expansión, de progreso o de institucionalidad mientras ignora el sufrimiento de quienes lo construyeron?

No podemos ni debemos callar. Esta situación debe ser investigada con la seriedad y aprieto que merece.

Las instituciones responsables deben reponer y si hubo negligencia o dolo, que se identifique a los responsables y se les someta a las consecuencias de la ley.

Nos unimos al clamor de estos contratistas y de sus familias, al tiempo que hacemos un llamado al presidente de la República, al Tarea de Vivienda (MIVED), al Tarea de Hacienda y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que actúen con responsabilidad, respeto y conciencia.

El tiempo no está del banda de estos hombres, pero aún estamos a tiempo de demostrar que en este país la conciencia no envejece ni desaparece.

Jpm-am