En menos de cuatro meses, el país sufrió dos apagones generales o casi generales: noviembre de 2025 y ayer (24 febrero 2026). Uno y otro con un patrón idéntico. Uno y otro con el mismo talón de Aquiles: la transmisión.

El 11 de noviembre de 2025, la secuencia comenzó en la subestación San Pedro I. La salida abrupta, desencadenó un objeto dominó que el sistema no pudo contener.

En febrero de 2026 repitió el trama: el disparo de la tendencia Hainamosa–Villa Duarte generó un endeudamiento superior a 2,300 MWh frente a una demanda creciente. La red no absorbió el impacto. El restablecimiento fue pausado. Excesivamente pausado.

El patrón es tan claro como incómodo: una rotura puntual activa una prisión que el sistema no sabe o no puede detener.

Eso no es azar.

Eso es un diseño deficiente. O peor aún, omisión prolongada.

Hay poco inquietante en la dependencia dominicana de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Con una capacidad instalada cercana a 720–750 MW, la planta aporta entre 26 % y 30 % de la energía doméstico en momentos óptimos. Es el músculo del sistema. Además su punto más frágil.

El 13 de agosto de 2025, cuando la demanda superó por primera vez los 4,000 MW, la salida inesperada de Punta Catalina II obligó a suplir escasamente el 90 % de la energía requerida. Hubo racionamientos. Hubo advertencias.

Pero no hubo una reforma estructural acelerada.

Concentrar casi un tercio del suministro doméstico en una sola instalación no es robustez sistémica. Es una exposición estratégica. Cuando esa planta rotura, no es un incidente activo. Es un hecatombe eléctrico.

Y los sismos ignorados siempre regresan.

Los informes técnicos no son ambiguos: el problema estructural está en la transmisión.

• Subestaciones críticas sin demasía.
• Protecciones mal coordinadas.
• Esquemas automáticos vulnerables a disparos en cascada.
• Márgenes de reserva insuficientes delante la salida de grandes unidades.

Tras el corte de noviembre, se recomendaron 28 acciones correctivas específicas: modernización de protecciones, revisión de tiempos de diligencia, fortalecimiento de reservas sincronizadas, almacenamiento con baterías para soporte de frecuencia y capacidad de “black start”.

La pregunta no es técnica. Es política: ¿cuántas se han ejecutado?

El corte no es una estadística. Es una experiencia.

Es el comerciante que pierde mercancía.
Es la enfermera que llega tarde porque el Patrón está paralizado.
Es la estudiante que no puede conectarse a su clase imaginario.
Es la hermana quien cuenta las horas mientras el congelador se derrite.
Es el paciente en cuidados intensivo que con un apago como esto su vida queda en un hilo.

Y es, sobre todo, el becario del Teleférico de Los Alcarrizos que queda suspendido en el brisa, viendo desde hacia lo alto la cosmografía de una desigualdad que ya conocía.

Para algunos barrios con plantas eléctricas e inversores, el corte es una incomodidad. Para otros, es la confirmación de que el sistema nunca estuvo diseñado pensando en ellos.

La electricidad, en República Dominicana, es asimismo una frontera social.

Y esa frontera tiene nombre: desigualdad energética.

El país supera los US$120,000 millones en PIB. Crece. Atrae inversión. Exhibe cifras positivas.

Pero cada hora de corte doméstico arrastra pérdidas que no aparecen en el boletín del Asiento Central:

• Transacciones electrónicas que no se procesan.
• Líneas industriales que se detienen.
• Hoteles que operan con generadores al confín.
• Restaurantes que descartan inventario.
• Hospitales que estiran su respaldo energético hasta el borde del peligro.

La electricidad no es un servicio más. Es la infraestructura de todas las infraestructuras.

Cuando rotura, no rotura sola.

Se lleva todo con ella.

El presidente Luis Abinader ha obligado que los apagones son “odiosos”. Ha anunciado nuevos proyectos, nuevas plantas, más megavatios.

Pero entre el anuncio y el interruptor que rebate existe una brecha que la ciudadanía mide en sudor.

Las encuestas aún no reflejan un derrumbe político inmediato. Pero el desgaste no llega de patada. Llega en capas.

Cada vez que el Patrón se detiene.
Cada vez que el Teleférico queda suspendido.
Cada vez que el refrigerador amanece caliente.

En política, la electricidad asimismo ilumina credibilidades.

Y cada corte recalcula, silenciosamente, el hacienda político del gobierno que prometió estabilidad.

República Dominicana enfrenta tres escenarios:

1. Corrección parcial: menos apagones generales, pero fragilidad subyacente.
2. Reforma estructural actual: inversión en transmisión, almacenamiento, digitalización, reducción efectiva de pérdidas. Costosa, compleja, posible.
3. Normalización del peligro: anuncios reiterados, ejecución lenta, crisis cíclicas.

La variable decisiva no es el diagnosis. El diagnosis ya existe.

Es la ejecución verificable.

El país ha construido autopistas, aeropuertos, metropolitano, teleférico. Ha rebaño premios turísticos. Ha crecido.

Pero la modernidad no se mide en inauguraciones.

Se mide en resiliencia.

Cuando el Patrón se detiene en centro del túnel y el Teleférico de Los Alcarrizos queda suspendido sobre el suburbio, el mensaje es más esforzado que cualquier discurso: la infraestructura sin estabilidad es espectáculo.

Regentar no es prometer luz.

Es avalar que nunca vuelva la oscuridad.

Porque cuando una nación se apaga dos veces en cuatro meses, la pregunta ya no es técnica.

Es histórica.

¿Vamos a seguir acostumbrándonos a la penumbra, o finalmente decidiremos como Estado, como sociedad, como liderazgo que la oscuridad dejó de ser aceptable?

La electricidad no es un postín.
No es una estadística.
No es un titular.

Es confianza.

Y un país que pierde la confianza en su sistema eléctrico comienza, poco a poco, a desconectarse de poco más profundo que la red.

Se desconecta del futuro.